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Al pueblo lo están robando y más a los pobres

Al pueblo lo están robando y más a los pobres. El dinero público, vía impuestos, se está yendo a los bolsillos de los funcionarios, en especial, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en donde los altos mandos de la dependencia en Tlaxcala han hecho de la necesidad de los hombres de campo una especie de cheque en blanco.

De manera ilegal, la delegación de la Sagarpa duplica los costos de los apoyos para la producción que otorga a los beneficiarios, de ahí que la mitad del presupuesto que tiene para ello se pierde en dichos sobre precios, en perjuicio de los hombres del campo de Tlaxcala.

Aunado a ello, el manejo político y discrecional de esos recursos es una constante, muestra de ello es que del programa de incentivos para productores de maíz y frijol “Pimaf 2016”, el delegado de la Sagarpa, Jaime Garza Elizondo, el subdelegado de la dependencia, Leodegario Morales Escobar y el otrora subdelegado agropecuario, Valeriano Sanmiguel Sánchez, otorgaron apoyos por 20 millones 565 mil 710 de pesos a favor de siete agrupaciones identificadas con la ex candidata del PRD al gobierno del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, así como dos organizaciones afines a la abanderada del PAN, Adriana Dávila Fernández.

Entre los líderes de estas agrupaciones, que tuvieron recursos para apoyar a 3 mil 374 campesinos, destacan el ex presidente estatal del PRD y ex diputado federal, Alejandro Martínez Hernández, la ex candidata a diputada federal del sol azteca, Ernestina Ramírez Ortiz, el legislador con licencia y edil electo de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán y el ex líder perredista y ahora simpatizante de Adriana Dávila, Cristóbal Luna Luna.

Esos casos han sido denunciados incluso ante el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, a quien, por ejemplo, líderes campesinos del país, entre ellos uno de Huamantla, le exigieron terminar ya con la corrupción de funcionarios en la institución.

Apenas el pasado mes de agosto, cenecistas le demandaron a José Calzada Rovirosa, otrora primer cabo de los Forcados de Querétaro y ex gobernador de aquella entidad, terminar con la corrupción de funcionarios en la institución y la entrega de recursos de los programa dirigidos a los pequeños productores.

En la reunión del Consejo Político y de Desarrollo Rural, realizada en la Casa del Agrarista, los integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) también reclamaron mayor interacción de la dependencia federal con el sector social del campo.

Por ejemplo, cenecistas veracruzanos pusieron el dedo sobre la llaga, al denunciar que la falta de lealtad de los funcionarios “le ha partido la madre a los campesinos, ya que del millón 700 mil pesos que se destinaron para los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (Promete) les quitaron 40 por ciento, de cuyo monto ignoran su destino y se facturó de manera ficticia. ¡Ya pare a los delincuentes!”.

Entonces los actos de corrupción en la Sagarpa no son nuevos y por desgracia, en Tlaxcala pululan, por lo que es necesario que las autoridades estatales y federales, volteen sus ojos a esa dependencia para frenar los abusos de estos funcionarios que han visto en nuestra entidad una mina de oro personal.

Sin embargo, los sobre precios de productos solo es una punta de un iceberg de cientos de picos, que seguramente destaparán los abusos millonarios que ahí se cometen. Muy pronto habrá más detalles de esto.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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