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Con voto en contra del PAN, diputados crean Sistema Estatal Anticorrupción

En el estado se instituirá el Tribunal de Justicia Administrativa cuyos integrantes serán propuestos por el Gobernador y ratificados por el Congreso.  

Los integrantes de la LXII Legislatura concretaron adiciones y reformas a la Constitución Política local para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, el dictamen fue aprobado por mayoría de votos, y destacó el sufragio en contra de los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

El Sistema Estatal Anticorrupción será la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Para ello, en sesión extraordinaria pública, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; de Información Pública y Protección de Datos Personales y, la de Finanzas y Fiscalización, presentaron el proyecto de decreto para realizar la modificaciones a la Constitución, con lo que se crearon el Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana.

La propuesta fue avalada por 18 de los 25 diputados locales, principalmente de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Alianza Ciudadana (PAC), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la diputada independiente Yazmín del Razo Pérez

Mientras que los cinco legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), votaron en contra del dictamen, toda vez que consideraron que algunos de los artículos que tienen que ver con la integración y designación de presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa resultaban inconstitucionales y violatorios del principio de autonomía,

Se trataba de los artículos 54 fracción 61, 79, 111 Bis Cuarto Transitorio, 84 Bis penúltimo párrafo, y 85, cuya estructuración fue cuestionada por parte de los diputados Juan Carlos Sánchez García, Guadalupe Sánchez Santiago, y Dulce María Mastranzo Corona.

Los  diputados panistas dijeron estar en contra de que el TJA,  que tendrá a su cargo dirimir las controversias e imponer sanciones a los servidores públicos que incurran en malas prácticas contra la hacienda pública, será dependiente del Poder Judicial local.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado estará integrado por tres magistrados propuestos por el Gobernador del Estado y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. Durarán en su encargo seis años  y sólo podrán ser removidos de su cargo por las causas graves que señale la Ley.

También, se consideró la creación del Comité de Participación Ciudadana, el cual  deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.

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