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No habrá cuentas públicas 2016 aprobadas con salvedad; garantiza Alberto Amaro

Aprueban diputados las bases para dictaminar las cuentas públicas del último trimestre del año pasado.

Los integrantes de la  LXII Legislatura, aprobaron por mayoría de votos y en sesión ordinaria, las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las  cuentas  públicas  parciales de 2016, ahí el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Alberto Amaro Corona, informó que sólo serán aplicados dos criterios “Aprobada” o “Reprobada”, dejando de lado la “Aprobación con salvedades” o “Gestión Razonable”.

Lo anterior, dijo es para frenar los “vicios” cultivados en legislaciones pasadas, además insistió en que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local no cambiará el sentido de  ningún dictamen de las cuentas públicas parciales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, con el propósito de “terminar con la corrupción” que es un aspecto que perjudica al Estado de Tlaxcala y al País.

En ese sentido, reiteró “nuestro compromiso con el pueblo de Tlaxcala, de combatir la corrupción y la impunidad, hacer de la fiscalización un ejercicio profesional y transparente de la rendición de las cuentas públicas, porque finalmente se trata de los recursos de todo el pueblo, quiero dejar claro que esta comisión trae el compromiso de terminar con una serie de vicios en esta ocasión la comisión ha tomado la determinación de solamente utilizar dos conceptos el de aprobados o reprobados”.

En ese sentido, garantizó que en ningún momento se aplicará la “Aprobación con salvedad” o “Gestión razonable”, para desterrar esos conceptos de la dictaminación de cuentas públicas.

También, Alberto Amaro, sostuvo que darán seguimiento a los  procedimientos   de responsabilidad  indemnizatorios  iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de responsabilidad  administrativa  solicitados,  los  recursos  de     revocación presentados, y demás acciones promovidas a los entes fiscalizables, con el objetivo de que no haya impunidad para quienes se les compruebe que hicieron mal uso de los recursos públicos.

 

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