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A la calle antes de tiempo, parece clamor de los diputados

Los integrantes de la LXII Legislatura local podrían ser sujetos de responsabilidad y en su caso, ser destituidos del cargo si persisten en sus chicanas legislativas y dar largas al mandato federal que ordena resolver sobre la ratificación o no de Fernando Bernal Salazar como magistrado del Poder Judicial.

Ellos deben resolver este jueves la disposición del juzgado de distrito y realizar la evaluación que desde hace casi cuatr años tuvieron que hacer para resolver sobre la continuidad de éste.

Los diputados le han hecho al valiente y han priorizado sus temas, sus ganancias políticas y económicas, a todo lo sacan raja, pero cuando se trata de cumplir con la normatividad las cosas se les complican.

Son cuatro años que lleva este tema en litigio. El 12 de octubre de 2013, los entonces integrantes del Poder Legislativo y que formaron parte de la LX Legislatura decidieron que no era procedente ratificarlo en el cargo y por ello, al concluir su encargo de seis año, en enero de 2014, dieron por terminada su labor jurisdiccional.

Sin embargo, esa resolución quedó sin efecto, porque el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, dentro del juicio de amparo de revisión número 874/2014, ordenó a los diputados volver a realizar la evaluación y en enero de 2016, los ahora integrantes de la LXI Legislatura local reiteraron que Bernal Salazar no debía ejercer ese cargo por  “falta de probidad, de honorabilidad, de excelencia, de profesionalismo y por desconocimiento de las leyes,

Por fallas en el procedimiento, nuevamente fue anulada esa determinación y ordenaron a los actuales diputados a reponer el proceso y emitir un fallo. Pero los diputados le han dado vueltas al asunto y siguen sin resolver de fondo el tema. Es más, existen dos bloques de legisladores que no logran conciliar la resolución, máxime que necesitan al menos 17 de los 25 sufragios para que ésta, cualquiera que sea, goce de validez.

Pero eso es omisión y ya fueron emplazados. Y deben recordar lo que establece la fracción XVI del artículo 107 constitucional federal que establece que “si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal.

En suma, parece que los diputados se ufanan en que sean separados del cargo y no porque busquen participar en el próximo proceso electoral o luchen por su reelección; deben tener claros que si incumplen pueden ser inhabilitados para ocupar una nueva posición pública. Por ello, la sesión del Congreso de este jueves será muy interesante

Al margen

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez envió al Legislativo su propuesta de presupuesto 2018. Las cifras que manejó a través de su área de prensa revela que estima contar con 18 mil 135 millones 704 mil pesos, monto superior en más de mil millones de pesos a los etiquetados para 2017, que le asignaron 17 mil 51 millones 457 mil 400 pesos.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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