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Veda electoral; no hagan cosas malas

El gobierno del estado decidió suspender la difusión de la propaganda del estado con la finalidad de no incidir en las preferencias electorales del próximo 1 de julio para ninguno de los comicios, ya sea para la presidencia de la República, el Congreso de la Unión o la renovación del Poder Legislativo local.

Ojalá esa misma disposición la tuvieran los presidentes municipales, quienes todavía están en una franca y amplia campaña de promoción de sus logros y acciones.

Aunque la legislación local y federal establece que la suspensión de la propaganda deberá hacerse en las campañas electorales, es decir a partir del 30 de marzo, el pasado lunes los portales y espacios en redes sociales de las dependencias gubernamentales ya redujeron su información o bien, suspendieron sus sitios.

Es de recordar que desde 2007, la Constitución establece que a partir del comienzo de las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, se deberá suspender la difusión de propaganda gubernamental en medios de comunicación social. Dicho mandato exceptúa aquellas campañas de información de las autoridades electorales; las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Pero ahora es tiempo que el gobierno, en sus diversos niveles, también cumpla con la disposición contenida en la Constitución local, en su numeral 95, que establece que durante el tiempo que comprenden las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, los servidores públicos del Poder Ejecutivo del estado, de los municipios y de las presidencias de comunidad con funciones de dirección y atribuciones de mando, así como los legisladores locales, se abstendrán de realizar actividades proselitistas que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de gestión y desarrollo social. Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Porque es común que eso no ocurra. Muchas veces se hacen cosas buenas con mucha carga de tendencias malas.

No olvidemos que en el pasado proceso local, para ser exactos, el 4 de mayo de 2016, con la elección del hoy gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, hubo actos gubernamentales considerados por la autoridad jurisdiccional como ilegales y que buscaron en su momento, posicionar al entonces candidato de la Mega Alianza.

De tal hecho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el entonces  gobernador Mariano González Zarur, la titular y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga y Sergio Pintor Castillo, respectivamente, así como el ahora ex alcalde de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez, violaron los principios de imparcialidad y neutralidad del proceso electoral de 2016, porque realizaron un acto público de entrega de programas sociales durante la campaña electoral, efectuado por los funcionarios antes mencionados, hecho que vulneró la legalidad de los comicios y pudo influir en la voluntad de los ciudadanos.

En su momento, al resolver el expediente SUP-JRC-384/2016, del cual se encargó el magistrado Salvador Nava Gomar,  determinaron que sí hubo una violación en la conducta de los funcionarios locales y federales, porque no era ni urgente ni necesaria la celebración de un acto público  cuyo fin fue la entrega de títulos de propiedad, cancelación de hipotecas, apoyos para la vivienda y escrituras por parte de la Sedatu, relativo al programa social Certeza Jurídica Seguridad Patrimonial. Papelito Habla. Sin embargo, al ser un acto con recursos federales, el ex mandatario y el ex edil capitalino quedaron fuera de las sanciones y de paso, nunca supimos la sanción para Robles y Pintor, quienes siguen operando, perdón, trabajando en dicha dependencia.

Por eso creemos que nuestras autoridades deben estar ajenas al proceso electoral y aunque su corazón político y los colores les ganen, es conveniente que en esta veda electoral, no hagan cosas buenas que parezcan malas.

 

 

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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