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En la línea delgada de la ilegalidad

En la línea delgada se mueven muchos funcionarios, servidores públicos y representantes populares. Es que gobernantes, alcaldes, munícipes, diputados locales y federales, así como delegados, secretarios de Estado, maestros universitarios, entre otros muchos, están en la tentación de influir en el proceso electoral de manera determinante, aunque con ello violen disposiciones constitucionales.

Pero esa influencia no es solo personal o de manera fortuita; no, lo que buscan o ya hacen es intervenir de manera directa en el proceso comicial. Algunos operan por convicción y otros más por necesidad, ya que son obligados a ello.

Algunos, nos cuentan han incurrido ya en la coaccionan o amenazas a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. No es exclusivo de un color partidista, en prácticamente todos lados proceden así.

También empiezan a condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o de plano la realización de obras públicas, a cambio de votar por determinado partido o candidato; en algunos casos, hasta quieren evitar el sufragio por algún emblema.

Es verdad que en algunos espacios usan de manera ilegal de fondos, bienes o servicios para el apoyo o el perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, también ya proporcionan apoyo o presten algún servicio a favor de un aspirante a cargo público.

Pero en el peor de los casos, algunos de los funcionarios ya andan pidiendo a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un candidato, partido político, coalición o agrupación política.

A eso están llegando en muchas áreas de gobierno, de los tres niveles y poderes; no es exclusivo de un solo sector, y se advierte que como se acerca el día de la elección, el activismo y este tipo de acciones se acrecentarán.

Con ello, el ejercicio del voto podría ser coaccionado por muchos y el electorado sería presa de ese tipo de acciones y estrategias, mismas que trastocan principios de imparcialidad y legalidad en el proceder de las autoridades.

Ahora, muchos militantes –insisto, de todos los partidos- estarán a la caza de ese tipo de acciones con la finalidad no solo de inhibirlas, sino de denunciarlas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que es el organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, encargado de investigar y en su caso, sancionar ese tipo de prácticas.

Autoridades, funcionarios y representantes populares ya caminan en esa línea delgada a la que han llegado por sus filias e intereses, esperemos que controlen su interés por el bien del ejercicio democrático al que tenemos los ciudadanos para ejercer nuestro derecho a votar de manera libre e informada.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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