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Abusivos y gandallas

Abusivos y gandallas, así fueron exhibidos nuestros diputados. Un nuevo revés recibieron los diputados locales, cuando nuevamente fueron exhibidos por los magistrados electorales, quienes además de tildarlos de ilegales por negarse a llamar a los suplentes, también los imputaron de abusivos.

Anoche, tocó el turno a los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) desnudar la forma en la que los diputados han hecho de su encargo una especie de salvoconducto para deshacer la legalidad.

En el primero de los casos, los magistrados le dieron la razón a Juan Fernando Tamayo Chavero y a Naim Burgos Moreno, suplentes de Mariano González Aguirre y Arnulfo Arévalo Lara, quienes impugnaron la negativa del Congreso de llamarlos a asumir el encargo que sus compañeros de fórmula dejaron para buscar un nuevo cargo y la reelección, respectivamente.

Los magistrados locales reconocieron que es ilegal la omisión de llamar a los diputados suplentes para que se integren a los trabajos de la LXII Legislatura, en razón de que a pesar de que a los diputados propietarios les fue concedida licencia por tiempo indefinido desde abril del 2018,  lo cual es inconstitucional porque “debe preservarse la integridad del Congreso, esto es, debe mantenerse en ejercicio todas las diputaciones, pues de lo contrario, no solo se afectaría los derechos político – electorales de los funcionarios electos, sino los de la colectividad al quedarse sin una óptima representación en la Asamblea Legislativa”.

Los magistrados determinaron que era evidente la violación flagrante diversas disposiciones constitucionales y legales, porque de conformidad con el artículo 32, párrafo primero de la Constitución Local, el Congreso se integra por 25 diputados: 15 según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 10 según el principio de representación proporcional en una circunscripción plurinominal, por lo que funcionar con solo 14 diputados, es ilegal.

Además, violentan el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues la exigibilidad de su derecho a acceder y desempeñar el cargo se actualizó al momento en que le fue concedida la licencia indefinida a los compañeros de fórmula de los Actores.

Bajo esa circunstancia, determinaron vincular al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el panista Juan Carlos Sánchez García, para que, dentro del plazo de 48 horas, contadas a partir de la fecha en que le sea notificada la resolución, convoque a quienes integran la Legislatura 62 del Congreso a una sesión extraordinaria, con el único objeto de que tenga lugar el acto protocolario de toma de protesta constitucional de los actores al cargo de diputado.

De la misma manera, los magistrados evidenciaron una serie de actos ilegales e incluso, de fraude a la ley en el que incurrieron los diputados al determinar la suspensión del cargo tanto al presidente como a la síndica de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca y Lucía Rojas González,  respectivamente.

Aunque los magistrados electorales evadieron su responsabilidad al no revocar dichas suspensiones, al argumentar que debe ser otra instancia jurisdiccional que resuelva el caso, lo cierto es que reconocieron que hubo violación al debido proceso, también trasgredieron el derecho de audiencia de los afectados, y una serie de omisiones con la finalidad de darle “una salida salomónica” a dicho conflicto.

En ambos casos, está claro, a nuestros diputados, quienes hacen las leyes, les importó un bledo violentar principios constitucionales y legales con la única finalidad de imponer sus intereses personales o de grupo. Y aun así, muchos de ellos quieres seguir viviendo del erario.

 

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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