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A cuentas

A partir de este jueves, sino pasa algo extraño, y hasta el 29 de agosto, el Congreso del estado vivirá una verdadera reyerta y puja por la aprobación de cuentas públicas de 105 entes fiscalizables correspondiente al ejercicio fiscal de 2017.

Y antes de que eso ocurra, ya existe el tufo pestilente que algunos de los estados financieros serán resueltos de acuerdo al interés del mejor postor.

Este día, en sesión extraordinaria, iniciará el proceso de validación de dictámenes elaborados por la Comisión de Finanzas y Fiscalización y los primeros en salir, serán los correspondientes a aquellas entidades que no tienen problemas con la aplicación de recursos públicos, pues del resto, sigue la búsqueda de “acuerdos”.

Con ello, al parecer, los diputados poco o nada quieren atender la revisión que el personal del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) realizó al uso, destino y comprobación de cada uno de los más de 17 mil millones de pesos que dependencias estatales, poderes, municipios, y organismos autónomos ejercieron el año pasado.

De la nada, y por intereses presumiblemente económicos, hay negociaciones que algunos aseguran ya existen entre congresistas, personeros de éstos y autoridades municipales, principalmente, con la promesa de “borrar” y saldar las omisiones, yerros y abusos que pudieron haber cometido en la aplicación de los fondos a cambio de algunos dividendos.

Hay peticiones –según los propios afectados- de hasta 3 millones de pesos a cambio de la validación de cuentas públicas de algunos municipios; sin embargo, de esas exigencias ilegales no hay ninguna denuncia penal; los afectados dicen tener miedo de las represalias que pudiera sufrir.

Pero  del lado de los diputados también hay quienes aseguran que pese a “ofrecimientos y presiones” de algunos munícipes para que sus cuentas públicas sean aprobadas pese a los abusos cometidos, ellos no accederán –ajá- a validar las ilegalidades y que todo serán con apego a la legalidad.

Sea cual fuera la realidad, hay dudas y el tufo de la ilegalidad permea respecto  a la revisión de cuentas públicas y de eso, los periodistas no tenemos la culpa, sino quienes gastan los recursos y quienes los fiscalizan, ya que tanto unos como otros han abonado al florecimiento de esas dudas.

La opacidad, el oscurantismo y la falta de resultados con respecto al presupuesto que ejercen cada uno de los 105 entes fiscalizables son materia prima para acrecentar las dudas sobre la legalidad o no de la aprobación de cuentas públicas y mucho más, con respecto a la correcta aplicación de los fondos.

Pero los diputados deberán sujetarse a lo que establece el informe de resultados de cuenta pública que emitió el OFS, pues no hacerlo puede derivar en la inconstitucionalidad de los resolutivos.

Ello porque el artículo 54, fracción XVII, inciso b de la Constitución Política local establece que el Congreso del estado debe dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización Superior. Cualquier resolución distinta puede tener visos de ilegalidad.

Además, la dictaminación deberá efectuarse a más tardar el 31de agosto posterior al ejercicio fiscalizado. En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, la fecha límite para la dictaminación del periodo enero-septiembre de ese año será el 15 de diciembre, mientras que el trimestre restante octubre-diciembre se sujetará al periodo ordinario de presentación y dictaminación. De ahí que a nuestros todavía diputados locales –solo por 13 días más- se les acota el tiempo para lograr los acuerdos, quizá el ajuste trimestral y sus dividendos sea un buen detonador de esa milagrosa conciliación.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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