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Fiscalización, soterrada por dinero

El proceso de fiscalización de los recursos que ejercen los funcionarios públicos tiene el pestilente aroma del fraude y la ilegalidad, y no por las normas y las áreas técnicas, sino por quienes lo hacen, ya que parece que son los intereses millonarios y las ganancias los que les obliga a cerrar los ojos ante la ilegalidad

Históricamente la revisión de la cuenta pública había sido usado como “garrote político” y coacción a intereses electorales, que también es deleznable, pero ahora, presuntamente, han sido el pago de importantes sumas de dinero a cambio de la validación del gasto.

Ahora, si tienes para gratificar el respaldo legislativo, apruebas tu cuenta pública y si no te prestas a esos enjuagues, enfrentas a la justicia, sino es que antes también haya arreglos.

Muestra de ellos es que los exdiputados, contraviniendo a lo establecido en la Constitución Política local decidieron soslayar las irregularidades detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en la cuenta pública de los municipios de Zacatelco, Calpulalpan, Texoloc, Panotla, Totolac, Contla, Zitlaltépec y Tocatlán del ejercicio fiscal 2017.

A pesar de que el OFS, órgano técnico y especializado en la revisión de los entes públicos en la aplicación del presupuesto encontró en esos casos anomalías por cerca de 100 millones de pesos, que incluye acciones como falsificación o presentación de facturas apócrifas, decidieron cerrar los ojos.

Eso se advierte al verificar los informes dados a conocer por el OFS en su página de internet,  en la liga, http://ofstlaxcala.gob.mx/INFORMES%202107, en el que se advierten las omisiones, irregularidades y abusos cometidos por las autoridades de esas Comunas pero que fueron soslayados por los ex diputados locales.

Es el caso de Zacatelco, que preside el perredista Tomás Orea Albarrán, que de acuerdo con dicho informe técnico, enfrenta una serie de anomalías por un monto de 31 millones 59 mil 595.73 pesos; Calpulalpan, que preside el edil emanado del PES, Neptalí Gutiérrez, cerró con un presunto daño patrimonial por el orden de 14 millones 705 mil 642.52 pesos o Texóloc, de la perredista Maribel Cervantes, quien por cierto ahora su antecesor e hijo, Miguel Ángel Covarrubias es diputado local, cerró el ejercicio fiscal con irregularidades financieras por 11 millones 62 Mil 470 pesos.

Otro perredista que fue salvado es el  edil de Panotla Eymard Grande, quien a pesar de que incurrió en irregularidades por 10 millones 936 mil 487.25 pesos, le aprobaron su cuenta; lo mismo que su correligionario de Contla, Miguel Muñoz Reyes, quien cometió diversas anomalías por  un monto de 8 millones 744 mil 17.26 pesos, también está el caso de Zitlaltépec, del edil Alejandro Juárez, con  daño patrimonial por 5 millones 822 mil 526.67 pesos y de  Tocatlán, de José Carmen Hernández, ya que el OFS observó anomalías en su cuenta pública por 2 millones 706 mil 455.97

El daño patrimonial propiciado en esos municipios es millonario y las autoridades municipales gozarán de impunidad, esa que les dieron los ex congresistas al decidir, dudosamente, dejar pasar los evidentes abusos.

Además, dejaron clara la selectiva aplicación de la norma, ya que mientras aprobaban estos desfalcos millonarios, a administraciones como la de Santa Apolonia Teacalco –una de las solo cinco reprobadas-, decidieron no aprobar su gasto porque le encontraron anomalías por 1 millón 766 mil 276.91. Aunque en su descargo, ladrón es quien roba sin atender el monto.

Los informes del OFS están a la vista de todos, en especial de los actuales diputados, que bien harían en revisar el proceso de fiscalización de sus antecesores, para que, de ser posible, revoquen esos dictámenes y procedan por la vía de la Ley de Responsabilidades en contra no solo de los alcaldes que hicieron el desfalco, sino de los ex congresistas que decidieron “cerrar los ojos a la ilegalidad”.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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