Realiza DIF estatal semifinal del ceramen “Niñ@ difusor 2019”
25 marzo, 2019
Por no existir claridad, el Ejecutivo veta reformas a la ley de Ecología
25 marzo, 2019

México pluricultural y el estado de Tlaxcala, no es la excepción.

México es  una nación pluricultural  y el estado de Tlaxcala, no es la excepción, ya que contamos con pueblos originarios. La Constitución mexicana señala, en su artículo 2º, que se trata de aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización,  que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. […] y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.[1]

La autoadscripción, es decir, que una persona se sienta  parte de una comunidad indígena es el criterio fundamental para ser reconocida como tal; por ello, partiendo de este hecho, de que las personas se autodefinan por su pertenencia identitaria como integrante de una comunidad originaria, se desprenden una serie de derechos que son exigibles ante diferentes órganos y autoridades. Lo anterior implica entre otras cosas, el reconocimiento de los derechos a la libre determinación, la auto organización y, ampliamente entendida, a la participación política de los y las integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar su participación, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas públicas que incidan o puedan incidir en sus derechos y desarrollo.

Además de lo dispuesto en el artículo 2 constitucional, existen una serie de Tratados Internacionales, Convenciones y Estándares Internacionales, asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios  para la atención a medios de impugnación presentados así como dos herramientas que permiten materializar el derecho a su autodeterminación, por un lado, la Guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena[2] y por otro, el Protocolo para defensoras y defensores de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas[3], en este último se establece que:

“… la reciente Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADDH), en su artículo IX señala que “los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración” (OEA, 2016)”

El protocolo en referencia, señala que debe considerar que del derecho a la libre determinación se deduce una serie de poderes o atributos específicos necesarios para su efectiva realización, entre ellos a:

a) Decidir sus formas internas de organización política o social

b) Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación de sus relaciones sociales

c) Elegir a sus autoridades

d) Disponer de recursos para financiar sus funciones

e) Determinar sus prioridades y estrategias de desarrollo

f ) Ser consultados antes de adoptar decisiones que puedan afectarlos y obtener su consentimiento antes de la ejecución de proyectos o planes de inversión que puedan causar un impacto mayor en su pueblo

            No obstante el reconocimiento de estos derechos para la ciudadanía de comunidades y pueblos originarios, lo cierto es que se enfrentan a diversos retos para garantizar el cumplimiento a su derecho a la autodeterminación: por un lado, la necesidad de que las autoridades implicadas conozcan ampliamente estos mecanismos y por otro lado, la falta de armonización de estos preceptos con las legislaciones locales, por lo que sería deseable que se impulsara una estrategia orientada a cumplir con este acto de justicia.


[1] TEPJF, 2017. Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

[2] TEPJF, 2014. Guía de actuación para juzgadores en materia de Derecho Electoral Indígena. Versión Ejecutiva.

[3] TEPJF, 2017. Protocolo para Defensoras y Defensores de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *