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Avalan diputados la Reforma Educativa en ‘fast track’

Con 20 votos favor y dos en contra de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Tlaxcala avaló la Reforma Educativa aprobada previamente por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, convirtiéndose así en  la octava entidad en aprobar las modificaciones hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los otros siete estos del País que ya aprobaron las reformas, hasta el momento, son: Morelos, Chiapas, Tabasco, Colima, Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala.

Para eso, los diputados locales realizar en ‘fast track’ el trámite legislativo, para ello celebraron una primera sesión extraordinaria en la que dieron  entrada al oficio enviado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Martí Batres  Guadarrama, a través del cual remitió el decreto de reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa.

Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de análisis y dictamen del proyecto de decreto en comisiones lo que les tomó apenas  dos horas, porque minutos antes de las 14 horas se llevó a cabo otra sesión extraordinaria convocada por la Mesa Directiva para la aprobación de la Reforma Educativa.

La reforma fue avalada por la mayoría de los legisladores locales con  20 votos de 25 posibles, contó con el respaldo de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social Tlaxcala (PEST), y se sumaron el Verde Ecologista de México (PVEM), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza.

En tanto los diputados Leticia Hernández Pérez y Omar Milton López Avendaño, del Partido Acción Nacional (PAN) emitieron su voto en contra de la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador.

La postura en contra de la reforma fue principalmente porque “no contiene nada sustancialmente que mejore la educación en cualquiera de sus niveles, ni trae implícita beneficios reales para las niñas, niños y jóvenes así como padres de familia y mucho menos para los maestros”, por la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Docente que era el órgano autónomo de evaluación y promoción y en esta reforma el estado asumirá esa responsabilidad, lo que deriva en el “control político de la base magisterial”.

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