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“La participación equilibrada entre mujeres y hombres en México, 2019: los desafíos de la reforma constitucional en materia de paridad”

Hace unos días la CNDH presentó en Tlaxcala  los resultados de su estudio “La participación equilibrada entre mujeres y hombres  en México, 2019: los desafíos de la reforma  constitucional en materia de paridad”, en este documento, se reconoce el avance que las mujeres hemos logrado en el ámbito político en los últimos años, pero también reseña que el principal problema que ha traído consigo este avance, es la violencia que deben enfrentar, pagando un altísimo costo por esta participación.

            La violencia contra las mujeres en el ámbito político representa una forma extrema de discriminación y vulnera los derechos político electorales de las mujeres, su derecho a la integridad, a la no discriminación y en casos extremos, a preservar su propia vida. Además, se derivan de ésta, una serie de afectaciones físicas, psicológicas, económicas y patrimoniales en las mujeres que la padecen y que quedan sin atender por la falta de normativa al respecto. (CNDH, 2019)

            El estudio de la CNDH revela que _ al 18 de septiembre de 2019_ “veintinueve entidades federativas prevén la violencia política en sus leyes en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como un tipo y/o modalidad de violencia que se puede ejercer en contra de las mujeres”; quince entidades han incorporado una definición de violencia política contra las mujeres en sus regulaciones electorales y siete más, hacen alguna mención sobre “violencia política contra las mujeres”.  “Sólo nueve entidades federativas incorporan en su regulación penal a la violencia política por razones de género como un delito, las cuales son: Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas” (CNDH, 2019)

            Por lo anterior, la CNDH ha señalado que “las garantías que tienen las mujeres ante incidentes de violencia política por razones de género, varía dependiendo de la entidad federativa en la que se cometa la violación a sus derechos, ya que no existe una armonización al respecto”. (CNDH, 2019) No obstante, la semana pasada se aprobó por parte de la Cámara de Diputadas y diputados un dictamen para tipificar la violencia política de género como delito electoral, con sanciones de hasta siete años de prisión (Proceso, 28/11/2019).

            Esta iniciativa aprobada “adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual fue turnada al Senado para su análisis y eventual aprobación. Las sanciones que se prevén van de 100 a 400 días de multa y prisión de uno a tres años al que, por razones de género, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, dicha iniciativa aprobada señala sanciones de cuatro a  siete años, en caso de que se empleara violencia física, violencia sexual o amenazas. “También establece sanción de seis meses a tres años de prisión a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una mujer que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien guarde relación familiar”. (Proceso, 28/11/2019).

            En caso de ser ratificada esta iniciativa, los congresos locales contarán con 90 días para armonizar su legislación local en la materia. Sin duda es un gran paso para que aparejado con el avance formal, se concrete la igualdad real, pero para garantizar que las mujeres participen en igualdad de condiciones falta mucho por hacer y es necesario que las y los diversos actores articulemos las acciones para garantizar la participación de las mujeres en la política en un ambiente de igualdad y de paz.

Noemí Carmona
Noemí Carmona
Egresada de la Universidad del Altiplano, dedicada al quehacer periodístico desde el año 1998, con participación en medios impresos y electrónicos en Tlaxcala y Puebla. Apasionada de la radiodifusión y del trabajo social.

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