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El pasado jueves 28 de mayo, en un contexto enrarecido, fue aprobado el proyecto de dictamen con Proyecto de Decreto para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito político, el cual fue aprobado en comisiones unidas de Asuntos Electorales, de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado).

            A decir de algunas de las diputadas, el acuerdo derivado de esa sesión de comisiones unidas fue que dicho dictamen sería aprobado en sesión extraordinaria el día jueves 28 de mayo, mediante sesión virtual, lo que finalmente terminó por ser una sesión presencial en plena etapa de pandemia y sin considerar la declaratoria de la medida de sana distancia emitida por el poder ejecutivo y las autoridades sanitarias del país, no obstante, no podemos dejar de reconocer el importante avance que se ha dado en la entidad como tampoco, pero también el alto costo que representó para algunas legisladoras.

Sin duda, esta legislatura, pasará a la historia por este gran avance que representa el dictamen aprobado que impacta en seis leyes y  el código penal, que ahora prevé como delito, la violencia política contra las mujeres en razón de género, definida como: toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género (…), que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo,(…) el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones,(…), así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo” que sea efectuada por (…) superiores jerárquicos, colegas de trabajo, (…) dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

            Todas las conductas de violencia política contra las mujeres son consideradas como graves y serán sancionadas como tales, entre las que se encuentran: restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres; ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de precandidaturas y/o candidaturas, proporcionar a las aspirantes a un cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro como precandidata, candidata; proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; obstaculizar sus campañas; realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género; difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas; divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio; amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores;  impedir, que tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias; restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios; discriminar a la mujer por encontrarse en estado de embarazo, parto o post parto. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo, incluido el pago de salario; obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos; imponer sanciones injustificadas o abusivas.

            Estas reformas otorgan en concordancia con lo aprobado por el congreso de la unión, facultades tanto al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones como al Tribunal Electoral de Tlaxcala, para solicitar, de oficio o a petición de parte, a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas cautelares y de protección a fin de detener las conductas violentas y evitar un daño mayor a la mujer o mujeres.

            Otra de las reformas aprobada es que el ITE mediante quien presida la Comisión de Igualdad de Género e Inclusión formará parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El principio de paridad de género debe ser garantizado por los órganos electorales y por los partidos políticos. Se agrega como requisito para ser candidata o candidato, el “No estar condenado/a por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género”.

El decreto en cuestión, en su artículo segundo transitorio, preveía que las listas de candidaturas de representación proporcional en el siguiente proceso electoral, fuera encabezado por mujeres, el que, a propuesta de una de las diputadas  fue eliminado, en un acto paradójico, porque justamente lo que hizo posible que la actual integración del congreso sea mayoritariamente integrado por mujeres fue esa medida, ya que en 2018, se incluyó esa acción afirmativa por parte del ITE en su acuerdo ITE- CG- 12 /2018,  en cumplimiento a la sentencia TET-JDC 003/2018 emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala y en la que se evidenció un déficit histórico de mujeres en el congreso local, ya que en 14 años las mujeres apenas ocuparon entre el 15 y 28 % de las 32 curules. Por ello es pertinente preguntar ¿Usted considera que ese déficit ya fue superado y que con las reformas aprobadas, la paridad de género sea la constante de ahora en adelante?

Finalmente, me uno a las condolencias por el sensible fallecimiento del Sr. Raúl Romero Rivera, comparto el sentimiento de su familia y colaboradoras/es, siempre lo recordaremos como la gran persona que fue y por el gran legado que ha dejado.

Noemí Carmona
Noemí Carmona
Egresada de la Universidad del Altiplano, dedicada al quehacer periodístico desde el año 1998, con participación en medios impresos y electrónicos en Tlaxcala y Puebla. Apasionada de la radiodifusión y del trabajo social.

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