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La seguridad y el Estado fallido

Tlaxcala, pese al discurso oficial, no se ha concretado la recomposición del tejido social. Cada día conocemos de actos violentos, de conductas delictivas y de hechos antisociales que dan al traste con la añorada seguridad a la que todos aspiramos.
La seguridad, entendida como la ausencia de peligro, daño o riesgo, como una sensación de confianza que se tiene en algo o alguien, es obligación constitucional del Estado que tiene como finalidad garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes.
La seguridad pública implica que los ciudadanos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro y es el Estado el garante de ésta máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social.
La seguridad se entiende como el conjunto de acciones políticas, sociales, económicas y culturales que las autoridades gubernamentales, en representación del Estado, emprenden para preservar la permanencia de éste siempre con apego a los principios Constitucionales.
Y precisamente la Carta Magna nacional la que establece, en la fracción VI, del artículo 89, establece que es facultad y obligación del titular del Ejecutivo Federal Preservar la Seguridad Nacional, en los términos de la ley respectiva.
Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional en el numeral 3 establece que la seguridad comprende las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven “la preservación de la soberanía e independencia nacionales; el mantenimiento del orden constitucional, y la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional”.
En el ámbito estatal, la Constitución local también establece que son facultades y obligaciones del gobernador, entre otros aspectos, velar por la seguridad y orden públicos; disponer de las instituciones de seguridad pública del Estado y dictar las instrucciones que sean necesarias a las policías preventivas municipales, en aquellos eventos que juzgue como fuerza mayor o alteración grave del orden público.
Sin embargo, ese es el ideal, pero en los hechos Tlaxcala vive diversos acontecimientos que hacen pensar en un Estado fallido.
Las estrategias de seguridad pública han mostrado fallas de origen que pueden explicar los límites de su efectividad y han dado por resultado, desafortunadamente, el incremento de la violencia y la inseguridad.
Por un lado, el desarrollo estereotipado y vertical del ejercicio de la función pública, por otro, la falta de comunicación entre gobernantes y gobernados y la falta de cohesión de las comunidades, traen por resultados la creación de deficientes y desarticulados esquemas de combate a la delincuencia y de actos de corrupción.
Muestra de ello es que hace 20 meses, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a Orlando May Zaragoya Ayala, otrora titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) y a Jorge López Flores, director de la policía estatal acreditable (PEA), y a siete agentes de la corporación, entre ellos Juan Carlos Yáñez, delegado en Apizaco, por su presunta participación en la comisión de al menos cuatro secuestros exprés perpetrados en los municipios de Apizaco y Tlaxcala.
Ayer, Tlaxcala vivió otro episodio de violencia generado a partir de policías. Dos uniformados del municipio de San Juan Huactzinco, entre ellos un director, se vieron involucrados en un enfrentamiento a balazos por diferencias personales. Ello generó actos violentos en la Comuna que propició pérdidas millonarias al erario y otros delitos incluso, cometidos contra la prensa.
Esos hechos hacen dudar de la capacidad no solo de los oficiales involucrados, sino de todo el sistema de seguridad pública, incluida la capacitación y los tan trillados exámenes de control de confianza, sobre todo, en la discusión de la creación del mando único de policía.
La seguridad pública, es un asunto pendiente y talón de Aquiles del Estado. No aceptar esta realidad del fracaso en la reconstrucción del tejido social, principal promotor de la inseguridad, sería engañarse solos.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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