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Ignorancia, lastre para el pueblo pero virtud para autoridades

Lo que mal inicia, mal termina. Y la mayoría de los integrantes de la LXI Legislatura local y el titular del Ejecutivo local se irán con una estela de violaciones legales y constitucionales que por desgracia no tendrán sanción alguna y están teñidas por la sombra de la soberbia, el abuso y la ignorancia complaciente.

Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia firme, según lo establece la tesis 810781, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación XV, ubicada en la página: 250.

La resolución de los ministros, en estricto sentido es que las autoridades, de los diversos niveles y poderes, solo pueden hacer lo que la ley les faculta u ordena; ni más ni menos.

Pero en una especie de esa película de la Ley de Herodes, de la trilogía de sátira de la realidad política mexicana que realizó el cineasta Luis Estrada, nuestras autoridades de Tlaxcala han hecho de la legislación lo que les ha dado la gana o bien, una especie de “cúmplase la ley, pero en los bueyes del vecino”.

Por ejemplo, al titular del Ejecutivo se le olvidó una nueva disposición constitucional que le obliga a presentar su informe de gobierno, en el último año de su mandato, los primeros 15 días de mes de agosto.

Aunque asegura que la Ley no puede aplicarse de manera retroactiva y que él fue electo con una disposición legal distinta a la ahora violentada, entonces al mandatario tampoco se le debería dar el beneficio de la Carta Magna local que permitiría que le fueran aprobados los gastos realizados en los primeros nueves meses de su último año de ejercicio legal, pues esa disposición tampoco era vigente al momento de ser ungido.

La ignorancia de la norma, no exime de responsabilidad y eso lo sabe cualquier pasante de derecho.

En el caso de los diputados, la realidad es similar o a veces peor. Los legisladores, por sus eternas pugnas y diferendos, entre tirios y troyanos, se han llevado entre las corvas la legalidad y el cumplimiento de la norma.

Ayer, aprobaron una reforma a una ley secundaria para tratar de legalizar la violación a la Constitución Política local. Sin rubor, los legisladores decidieron dejar sin efecto una disposición incluida en la Ley de Fiscalización Superior que los obliga a concluir la dictaminación de cuentas públicas a más tardar el 31 de agosto. Sin embargo, los legisladores y sus asesores ignoran o pretenden soslayar, que esa obligación es mandato constitucional establecido en el inciso b de la fracción XVII del artículo 54 de la Constitución Política local.

El más ignorante de los pasantes de abogado seguro que si sabe que por supremacía de norma, una enmienda a un artículo transitorio –el cual tampoco tiene vigencia, pues no ha sido publicado- no puede estar por encima de una norma constitucional, pero nuestros representantes no lo saben o hacen como que lo ignoran para beneficio de sus elucubraciones.

La ignorancia es dañina cuando muchos se escudan de ella para hacer su voluntad, como ocurre con nuestras autoridades. Pero la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos y peor aún, como lo aseguró ese gran médico español, Santiago Ramón y Cajal: “lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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