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Veto de gobernador; sin calidad moral cuando se mantiene en omisión

El gobernador de Tlaxcala no toleró un exceso más de los diputados, aunque los suyos, los desdeña y hasta justifica, con un trillado discurso sobre la intención de afectar su administración. Por eso vetó la legislación
La determinación que adoptó de vetar el abuso y exceso de los diputados en su pretensión de reformar la Ley de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala para justificar su incumplimiento a la Constitución local en materia de cuentas públicas es correcta, aunque políticamente, él no es un buen ejemplo cuando de acatar la norma se trata.
En su loco afán, como reza la letra de una canción escrita por una huamantleca, ex gobernadora y hoy embajadora de México en Brasil, los diputados se habían hecho un traje a modo, cuando decidieron aprobar una enmienda al artículo transitorio de la Ley de Fiscalización, para establecer, que dicho decreto “deberá publicarse en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. A excepción de la reforma al párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios (que establece la obligación de los diputados de validar las cuentas al 31 de agosto), que entrará en vigor el día 1 de enero del año 2017.
Sin embargo, el gobernador nos dio la razón cuando advertimos hace 13 días sobre la inconstitucionalidad de la enmienda. Aquí en este mismo espacio lo referimos y lo recordamos cuando escribí: “Los legisladores, por sus eternas pugnas y diferendos, entre tirios y troyanos, se han llevado entre las corvas la legalidad y el cumplimiento de la norma.
Ayer (31 de septiembre), aprobaron una reforma a una ley secundaria para tratar de legalizar la violación a la Constitución Política local. Sin rubor, los legisladores decidieron dejar sin efecto una disposición incluida en la Ley de Fiscalización Superior que los obliga a concluir la dictaminación de cuentas públicas a más tardar el 31 de agosto. Sin embargo, los legisladores y sus asesores ignoran o pretenden soslayar, que esa obligación es mandato constitucional establecido en el inciso b de la fracción XVII del artículo 54 de la Constitución Política local.
“El más ignorante de los pasantes de abogado seguro que sí sabe que por supremacía de norma, una enmienda a un artículo transitorio –el cual tampoco tiene vigencia, pues no ha sido publicado- no puede estar por encima de una norma constitucional, pero nuestros representantes no lo saben o hacen como que lo ignoran para beneficio de sus elucubraciones. La ignorancia es dañina cuando muchos se escudan de ella para hacer su voluntad, como ocurre con nuestras autoridades”, así lo afirmamos.
Por ello, la decisión del gobernador fue buena y acertada, pero ojala la necia de su consejera jurídica también abriera los ojos y le haga aceptar que permanece en una prolongada violación constitucional, porque sigue sin cumplir con el mandato de presentar su informe de gobierno antes del 15 de agosto.
De lo contrario, las recomendaciones y vetos que haga a la actividad de los diputados solo serán acciones huecas y como reza el refrán popular, no hay peor consejo que un mal ejemplo y los excesos, siempre lastiman a la ciudadanía.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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