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Gris fiscalización de 2015; sin sanciones penales quedarían desfalcos por 120 millones

El Congreso del estado tardó 50 días en saldar la omisión legislativa que en los hechos enterró la poca credibilidad que todavía tenían algunos de los diputados. Señalamientos de negociaciones, ilegalidades, parcialidad en el desempeño, cobro de favores y otras imputaciones cometidas por algunos congresistas empañan el cumplimiento de una las cuatro funciones de los legisladores, como es la fiscalización, misma que concretaron fuera de los tiempos constitucionales.
Durante la noche de ayer y la madrugada de este miércoles, los integrantes de la LXI Legislatura local concluyeron el proceso de fiscalización del ejercicio fiscal de 2015, el cual estuvo aderezado por diversos señalamientos, que ciertos o no, sí empañan el quehacer de los diputados. Difama que algo quedará, reza un refrán popular.
Y es que un grupo de diputados de oposición –que durante el día del martes trataron de impedir esa validación, la que tildaron de ilegal y de un albazo- denunciaron una serie de anomalías en la aprobación de estos 23 dictámenes que estaban pendientes desde el pasado 30 de agosto. Incluso, dejaron abierta una débil posibilidad de impugnar dichas resoluciones.
Pero también este ejercicio constitucional y legal –que les llevó unas seis horas- estuvo refrescado por bebidas embriagantes, las cuales, al filo de la media noche, ya habían hecho estragos en el torrente sanguíneo y en las neuronas de algunos congresistas, pues esos líquidos ya habían generado euforia en más de cinco legisladores. Podrán negarlo, pero ellos y las dos trabajadoras de la Secretaría Parlamentaria que fueron rebajadas a funciones de meseras y que les pasaban las tazas usadas como vasos highball, tumbler u old fashioned glass, y por las cuales saciaban su sed, lo saben y en algunos casos hasta lo presumen.
Al margen de la forma, que desde luego cuenta mucho, el fondo de estos dictámenes da cuenta de una malversación millonaria de fondos en los municipios. El quebranto a las arcas es cercano a los 120 millones de pesos solo en ocho entes fiscalizables.
El mayor monto encontrado como daño patrimonial es de 59.9 millones de pesos y fue el generado por el ayuntamiento que encabeza el perredista Antonio Mendoza Romero en Chiautempan.
Mientras que el edil de Contla, Filemón Acoltzi Nava incurrió en irregularidades financieras por 10 millones 31 mil 125.20 pesos; el de Nativítas, el priista Cuauhtémoc Barranco Palacios también desvió 4 millones 843 mil pesos.
En el caso de Tepetitla de Lardizábal, del neoperredista Hugo Celis tuvo anomalías por 24 millones 758 mil pesos, mientras que el priista de Xaloztoc, J Carmen Lima Vázquez también malversó 13 millones 641 mil pesos y el de Xiloxoxtla, Enrique Sánchez, 2 millones 651 mil pesos, además de dos comisiones de agua potable de Chiautempan y Zacatelco.
En los ocho casos, el pleno del Congreso ordenó al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) inicie los procesos penales y administrativos en contra de los responsables de dichos quebrantos.
Pese a ese daño y de las denuncias de hechos, dadas las irregularidades que prevalecieron en el proceso de dictaminación, pues se dieron fuera de los plazos constitucionales, todas éstas imputaciones se quedarán solo en el escarnio social y en el anecdotario, pues es casi un hecho que ninguno de los responsables de ese quebranto millonario al erario pisará la cárcel.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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