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El Congreso y un martes negro para la fiscalización pública

El Congreso podría vivir este martes, un martes negro; hasta las seis de la mañana de este día no había acuerdos ni luz verde respecto al nombre de la mujer u hombre que habrá de ocupar el cargo de auditor de fiscalización superior del Órgano de Fiscalización Superior (OFS). Incluso, hay quienes le apuestan a “trabar” esta designación a fin de que sea la próxima legislatura –con la voluntad de 25 personas- las que resuelvan un entuerto que está por cumplir 11 años.
A los integrantes de la LXI Legislatura se les vencen los plazos que ellos mismos se dieron para nombrar a la persona que en los hechos ocupará la vacante que dejó el ahora extinto primer titular del OFS, Florentino Flores Xelhuantzi. Sí, porque ante los ojos de la justicia local, lo que van a hacer nuestros diputados es reponer un proceso, el mismo por el cual Luciano Crispín Corona Gutiérrez ocupó el cargo de auditor por 11 años.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior el Órgano se integrará y funcionará de conformidad con las disposiciones legales y estará a cargo de un Auditor de Fiscalización Superior, que será designado conforme al procedimiento siguiente: El Congreso, a través de la Junta, expedirá convocatoria dirigida a profesionistas del área de las ciencias económico administrativas en la entidad, que tengan interés en participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de auditor, para que dentro del término de diez días contados a partir de la publicación que se haga en los periódicos de mayor circulación en el Estado, presenten solicitud acompañada de los documentos en original que comprueben el perfil requerido.
Concluido el plazo anterior, la Junta procederá dentro de los diez días siguientes a analizar las solicitudes de los aspirantes y determinará quiénes reúnen los requisitos señalados en la convocatoria y procederá a entrevistar y evaluar a través de un jurado integrado por académicos e investigadores estatales y nacionales, y de la revisión de la documentación, del resultado de las entrevistas y evaluaciones, la Junta emitirá dentro de los tres días siguientes, un dictamen mediante el cual proponga al pleno del Congreso una terna para que de ésta, se elija al profesional que deba desempeñar el cargo de Auditor de Fiscalización Superior, a través de la votación de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.
El Auditor Superior durará en el cargo siete años, sin posibilidad a ser reelecto y podrá ser removido por el Congreso, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento o por las causas y conforme al procedimiento previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Pero más allá de las disposiciones jurídicas, los cierto que éste, como el resto de los nombramientos que pasan por las curules de los diputados, tienen una alta carga de interés y acuerdos políticos. Poco o nada importa la capacidad de los aspirantes para desempeñar sus funciones, pues lo que impera es la capacidad de éstos para llegar acuerdos con los diputados.
Por ello, las diferencias al interior del Congreso son tan fuertes que ninguno de los aspirantes o grupos pueden asegurar la existencia de 22 voluntades que apoyen a determinado aspirante. Unos están a favor de Isabel Maldonado Textle, otros porque regrese Corona Gutiérrez y otros más, por Víctor Job Paredes y los menos, por la imposición del hermano del secretario de Gobierno, José Trinidad Ordóñez Carrera o bien, por Herón Morales Netzahualcóyotl.
En esta lucha por la titularidad del OFS, aplica aquella máxima de los hipódromos o las carreras carrileras: Caballo que alcanza gana y tal vez, las diferencias, lleve a los diputados a elegir a peor de todos los anteriores o en su caso, heredar este problema a sus sucesores.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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