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Voracidad de alcaldes, antesala de sus procesos penales

La voracidad nunca será buena consejera y menos, cuando lo anhelado no es producto del esfuerzo ni de origen legal, sino por el contrario, forma parte de una ambición por dilapidar algo que no le corresponde. Por esas conductas, presidentes municipales de la entidad podrían enfrentar, al finalizar sus respectivos mandatos, procesos de responsabilidad administrativa y hasta de tipo penal.
Con la finalidad de tener recursos adicionales, los cabildos, en algunos casos, pero otros solo por orden del edil, han establecido campañas casi inverosímiles de descuentos y de subvenciones pero con cargo a los ingresos del próximo ejercicio fiscal.
En una especie de “hágase la voluntad, pero en los bueyes del vecino”, los munícipes de diversas demarcaciones, como Tlaxcala, Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, entre otros, han dado muestra de su voracidad, porque buscan ingresos extraordinarios para gastarlos en los poco los 38 días que les restan a sus mandatos.
Ello, a decir de los especialistas, es inconstitucional, ilegal y forma parte de un abuso de autoridad, pues los munícipes infractores deben recordar o si es que nunca lo supieron, que ellos solo están obligados a hacer lo que les mandata la norma.
Lo que hacen algunas autoridades al cobrar –con el garlito de descuentos- impuestos por adelantado es inconstitucional.
La Constitución Política local, en su numeral 102, establece que Las leyes tributarias y hacendarías del Estado establecerán los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y cualesquiera otra contribución o ingreso que deban recaudarse, considerando la Ley de Ingresos que anualmente expida el Congreso; así como las erogaciones que deba efectuar la Hacienda, tomando en cuenta el Presupuesto de Egresos del Estado. El año fiscal para la aplicación de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto estatal se contará del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Si al iniciarse el año fiscal no se hubiere aprobado el presupuesto general correspondiente, continuará vigente el del año inmediato anterior, en tanto se expida aquél.
Es decir que cualquier cobro que los munícipes quieran hacer con cargo al próximo año es ilegal y puede ser sujeto de responsabilidad administrativa y penal.
Ante este mandato no pude haber ninguna ley o disposición que se oponga o permita lo contrario, de ahí que los presidentes que incurran en esta condición están en la antesala de enfrentar los procesos jurisdiccionales.
Solo falta ver quién de los afectados le entra al proceso legal para frenar la voracidad. Ayer ya lo hizo el panista Julio César Hernández Mejía, edil electo de Apizaco, quien advirtió que a pesar de que tiene buena relación con el presidente en funciones, “eso no significa que le tiemble la mano al fincar responsabilidades administrativas y/o penales por el cobro de servicios 2017”, reza una advertencia difundida por el equipo de prensa del próximo alcalde en torno a la voracidad de su antecesor que busca cobrar impuestos y derechos del próximo año.
El resto de los ediles afectados no ha fijado una postura clara al respecto. Es tiempo de hacerlo, pues sino, el que calla otorga.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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