Los diputados locales aprobaron, por mayoría de votos y con salvedades, las cuentas públicas de las otras 10 dependencias y entidades de la administración pública estatal correspondientes a los primeros nueve meses del ejercicio fiscal de 2016.
Sin objeción ni discusión alguna, los legisladores avalaron el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas y Fiscalización que avaló la forma en la que fueron gastados y comprobados los gastos de estas otras 10 instancias, con lo cual ya suman 30 los entes a los que les validaron sus estados financieros del periodo enero-septiembre de este año.
Se trata de la Coordinación de Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior; El Colegio de Tlaxcala, A.C.; de los institutos del Deporte de Tlaxcala; Tecnológico Superior de Tlaxco; Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos e Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, de la Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala; Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente; Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala, todas correspondientes a los primeros nueve meses del ejercicio fiscal de 2016.
En la misma sesión del pleno del Congreso local de este jueves, la diputada Eréndira Jiménez Montiel dio a conocer que la justicia federal concedió un amparo a favor de los padres de la menor Karla Romero Tezmol, desparecida hasta 10 meses, como son Olga Tezmol Juárez e Iván Romero Galupila, afín de que el Ministerio Público local cumpla con su responsabilidad de abrir e iniciar la averiguación previa que corresponda para todo caso de desaparición de personas, así como a investigar hasta sus últimas consecuencias el hecho denunciado.
La diputada sostuvo que “es muy lamentable que Tlaxcala, entidad señalada nacional e internacionalmente por la comisión recurrente de los delitos de desaparición y trata de personas, fundamentalmente mujeres menores de edad, la autoridad responsable de la procuración de justicia, dé poca importancia a ello y actúe con la ligereza que lo hace, y que en consecuencia los afectados tengan que pedir a la Justicia Federal que obligue al Ministerio Público local a que haga su trabajo con apego a derecho, pues el levantar un Acta Circunstanciada o de Hechos, en lugar de una Averiguación Previa, tratándose de la desaparición de una menor, da la impresión de la inexistencia del respeto por los derechos humanos, y si en cambio, de un desprecio por la vida y la dignidad de las personas, lo cual solo es concebible en regímenes autoritarios.
“Ojalá que esta historia, que no es única en Tlaxcala, cambie radicalmente pronto y que las autoridades locales dejen de permanecer indolentes ante estos y otros delitos que vulneran a las familias tlaxcaltecas, ojala que en el caso de la menor de San Pablo de Monte no sea demasiado tarde para ella”, espetó.