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Abusivos, nuestros consejeros del ITE; buenos para la lana

Abusivos, arbitrarios, exorbitantes, indecentes, injustos, inmerecidos, leoninos, morigerados y sobre todo, ilegales, son algunos de los calificativos con los cuales quedaron exhibidos los consejeros del Instituto Electoral de Tlaxcala (ITE) por sus acciones al otorgarse en 2016 –y que persisten en este año- salarios irregulares que trasgreden el mandato del Poder Legislativo.
Así fueron retratados los consejeros electorales y la presidenta del organismo, Elizabeth Piedras Martínez, por el fallo del Tribunal Superior de Justicia del estado, que al resolver el recurso de revisión 195/2016, dio cuenta de los excesos e ilegalidades cometidas por los funcionarios, quienes con ello dieron, no una sino decenas de puñaladas a los principios de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, independencia y máxima publicidad con los que debieron conducirse y que están establecidos en el artículo 95 de la Constitución local y en el numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos para el Estado de Tlaxcala.
En su abusiva actitud, en el año de los pasado comicios locales, los consejeros electorales –quienes se quejaron amargamente de carecer de recursos para la organización, celebración y calificación de los comicios, decidieron violar el decreto 196, emitido por el Congreso del estado en el que se establece el presupuesto de egresos y la distribución de todas las partidas, incluidas las salariales del ITE.
Ello con la finalidad de otorgarse incrementos salariales hasta de 54 por ciento, como en el caso de los consejeros, que de acuerdo con el tabulador aprobado por los diputados de la LXI Legislatura local, debieron ganar 32 mil 690 pesos, pero ellos se asignaron un sueldo de 50 mil 562 pesos y en el caso de la presidenta del organismo, su salario se disparó hasta 61 mil 313 pesos.
Es de destacar que esos incrementos, en porcentaje y monto, solo aplicaron para los consejeros electorales, no así para el resto del personal. En nuestra clase política volvió a aplicar el beneficio personal.
Aunado esa abusiva y leonina actitud de los garantes de la voluntad ciudadana hecha sufragio, el Tribunal, a través del magistrado Elías Cortés Roa, evidenció a los integrantes del árbitro electoral como mentirosos y me explico porque:
De conformidad con el fallo, en la foja 18, se advierte que: “de la motivación expuesta en el acuerdo ITE-CG 03/2016, se advierte que la presidenta y los consejeros electorales del ITE estimaron necesaria y urgente la adecuación del presupuesto aprobado mediante decreto 196, bajo el argumento de contar con un presupuesto anual menor al que ellos aprobaron y solicitaron; por ser necesario para cumplir ADECUADAMENTE –las mayúsculas son mías- con sus fines y atribuciones legales…”.
“Sin embargo, de la lectura integral del citado acuerdo se advierte la justificación alguna para que las autoridades señaladas como responsables hayan dejado de observar el anexo número 36…y pone de manifiesto que las afirmaciones efectuadas por la presidenta y consejeros del ITE relativas a que fue necesario adecuar el presupuesto de egresos aprobad por el Congreso del estado a fin de cumplir adecuadamente con sus fines y atribuciones resulta INCONGRUENTE con su actuar”, describe el fallo.
Con esta situación quedó demostrado que los consejeros electorales, a quienes, por cierto, en la mayoría de sus actos legales de trascendencia fueron corregidos por los tribunales, solo les interesó el dinero y no el respeto de la voluntad ciudadana. Ahí está la denuncia penal en contra de uno de ellos por solicitar dinero a cambio de favorecer al Partido del Trabajo.
Pero con esta resolución la ciudadanía o los interesados están en la posibilidad de proceder por la vía política y exigir la destitución de los consejeros electorales.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, son causas de juicio político, las que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho de las funciones públicas, las conductas, sean acciones u omisiones, como (en este caso): El desvío de recursos públicos; la usurpación de atribuciones (no pueden modificar el presupuesto); las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, organismos públicos autónomos y a las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos estatales, federales o municipales; cualquiera que contravenga la Constitución local o a las leyes locales, cuando cause perjuicio grave al Estado o a sus municipios; y el desacato (como ocurre) a las resoluciones y decretos que emita el Congreso del estado.
De decidirse alguno de los afectados, los días de los consejeros estarían contados por abusivos, arbitrarios, exorbitantes, indecentes, injustos, inmerecidos, leoninos, morigerados y sobre todo, por ilegales.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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