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ITE y la violación constitucional para dotar de más dinero a consejeros

Una violación constitucional -a modo y para favorecer a sus intereses, que de verdad, no son los de salvaguardar el derecho de la ciudadanía de votar y ser votado-, es la que ayer asestaron los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) con la finalidad, al menos así lo han dejado ver en el pasado reciente, de tener recursos para gastar a manos llenas.
Escudados en un presunto error –de los muchos que tuvieron- cometido por los ex diputados locales en la distribución de las partidas presupuestales en los anexos del decreto de presupuesto, los consejeros electorales redujeron 20 millones de pesos el financiamiento a los partidos políticos.
En la adecuación del citado presupuesto asignado al organismo, los consejeros dieron mayor peso a un anexo que a lo establecido en el artículo 50 de decreto 301, relativo al Presupuesto de Egresos, publicado en el Periódico Oficial del estado, número 1 extraordinario, de fecha 30 de diciembre de 2016.
Para saciar sus intereses –ya lo hicieron el año pasado y ayer dábamos cuenta en este mismo espacio que los consejeros ajustaron su presupuesto de 2016 para aumentarse hasta en más de 50 por ciento su salario-, no les importó que esa medida signifique ir en contra de lo dispuesto por la Constitución Política local.
Ello porque el artículo 94 apartado A de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias, permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. El financiamiento público será parte del presupuesto general del ITE … El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente en la entidad. El 30 por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados de mayoría relativa inmediata anterior. Es decir que el financiamiento público a partidos está constitucionalmente establecido y fijado.
Además, aunque el decreto de presupuesto es norma y debe cumplirse, como lo argumentó la presidenta del ITE para justificar dicho recorte, lo cierto es que debiera saber que por supremacía de norma, debe prevalecer el mandato de la Constitución Política local por encima del decreto de presupuesto.
Habría que recordarles a los consejeros –aunque creemos que fingen demencia cuando se trata de engordar sus bolsillos- que para comprender el significado se supremacía constitucional es necesario analizar los elementos que la conforman. El término supremacía proviene de la raíz inglesa supremacy, que significa superioridad de grado, jerarquía o autoridad, mientras que el adjetivo constitucional, alude a la Constitución de un Estado. Por ello, la expresión “supremacía constitucional” se refiere a que la Constitución es jerárquicamente superior a cualquier otra norma de orden jurídico.
La supremacía constitucional desde el punto de vista material hace referencia al hecho de que la Constitución es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia y una de las consecuencias más importantes de éste es que todas las normas deben ser acordes con la Carta Magna, de modo que si una disposición de una ley o tratado fuera contraria a lo establecido por la Constitución –como es el caso-, ésta última debe prevalecer sobre aquélla debido a su superioridad jerárquica.
Pero, de verdad eso nada les importa, porque los consejeros electorales, son bueno para la lana.
Sin embargo, esta nueva acción pegó donde más duele a los partidos políticos y desde ahora ya se advierte una andanada de acciones legales en contra de su resolución y hasta de la permanencia de los consejeros a quienes con esta medida su realidad cambió, pues si antes contarían con 10 millones de pesos para sus actividades, ahora ya tienen 30 millones de pesos, aunque creo que poco les durará el gusto.
Al margen.
Jueves negro para Tlaxcala.
Oficializaron sendos aumentos en los precios tanto de la tortilla como del transporte público foráneo. Empresarios de la industria de la masa y la tortilla anunciaron un incremento en el precio del kilo de ese producto hasta de dos pesos, mientras que la empresa preponderante en el servicio de transporte de pasajeros foráneo de la entidad hizo lo propio en sus rutas para los estados de Puebla, Hidalgo y Ciudad de México.
Y como lo afirmamos y adelantamos en su momento, Tito Cervantes ya es el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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