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Ilegalidad en la administración pública; operan dependencias inexistentes

La administración pública estatal en la ilegalidad, eso se puede advertir del trabajo que se realiza en el ámbito del gobierno y que implica a por lo menos cuatro dependencias de la estructura estatal. Han pasado dos meses desde el inicio de esta administración y los cambios no llegan en la estructura legal del gabinete.
El pasado 30 de diciembre, aunque antes el propio mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez ya había adelantado parte de esas medidas, anunció que propondría al Congreso del estado “modificaciones en la organización de algunas áreas de gobierno, las cuales no representarán costo adicional al presupuesto público”.
Entre éstas, fusionarán dos coordinaciones generales, la de Información y Relaciones Públicas con la de Radio, Cine y Televisión (Coracyt)
También anunció que dividirá una secretaría, la de Turismo y Desarrollo Económico, dando lugar a la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyo titular será Jorge Luis Vázquez Rodríguez, y a la de Turismo, con Roberto Núñez Baleón como Secretario.
Además, se crearía la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, cuya plantilla laboral se integrará con personal que ya labora en el gobierno, de la cual el titular será Lenin Calva Pérez.
Estos fueron los anuncios en la víspera de la toma de protesta del ahora gobernador. Sin embargo, han pasado 65 días de aquella ocasión y ni propuestas de reformas legales ni otras medidas jurídicas se han adoptado para dar legalidad a esos nombramientos y operatividad de las dependencias. Vaya, ni la iniciativa de reforma legal ha sido enviada al Legislativo
Un principio jurídico de la función pública es que las autoridades están obligadas a hacer lo que la ley les ordena. Ni más ni menos.
Entonces, cómo funcionan esas dependencias sin que exista una normatividad que valide su creación. La Ley Orgánica de la Administración Pública estatal no reconoce entre las dependencias a la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana y Turismo, tampoco la fusión de dos coordinación.
Cómo trabajan las personas que las encabeza, y cómo cobrarán y justificarán sus gastos, porque en los hechos, de manera jurídica, no existen y desde luego, cómo los fiscalizarán si no tienen presupuesto asignado, porque ante la ley, éstas no existen.
De acuerdo con la normatividad, las dependencias y entidades de la administración pública estatal conducirán sus actividades en forma programática y con arreglo a las políticas, prioridades, métodos, objetivos y metas de los planes de gobierno que establezca el gobernador del estado directamente o a través de las dependencias competentes. Se establecerán los mecanismos y sistemas de planeación, programación, organización, presupuesto, contabilidad, evaluación, información, auditoría interna y control de gestión correspondientes. Asimismo, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal son responsables de la planeación, programación, registro, comprobación, control y ejercicio del presupuesto de los programas a su cargo, así como de la presentación de informes, supervisión y evaluación del cumplimiento de metas y gasto, trámite de prórrogas y cierre de programas, de los recursos estatales y federales que se encuentren a su cargo, conforme a las disposiciones jurídicas aplica
Sin embargo, en los hechos, esas nuevas dependencias, las fusiones y división de secretarías no existen, porque no hay disposición legal para ello y hasta ahora, la inversión y acciones de las mismas, sino tienen sustento jurídico, son ilegales.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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