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Transparencia en el ejercicio del poder, un pendiente duro de demoler

La transparencia en el ejercicio de la función pública es el talón de Aquiles de nuestras autoridades –de todos los niveles y poderes- y más, cuando se trata de recursos públicos y de patrimonio propio.
De todos los funcionarios públicos, tanto de la administración pública estatal como federal, así como de los tres poderes del Estado, la pírrica cantidad de siete personas son las que han cumplido con difundir su declaración patrimonial, incluida la fiscal y de interés.
En los siete casos, por desgracia, hicieron pública su declaración a la sazón del proceso electoral local y federal pasado, vaya, como una estrategia electoral, y no como una acción convencida a favor de la transparencia y el combate a la corrupción.
Ese reducido número de personas cumplidas las encabeza el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, se sigue las senadoras Lorena Cuéllar Cisneros –con sus casas de a peso- y Adriana Dávila Fernández, le siguen los tres diputados federales del PRI, ahora una con licencia como es Anabel Alvarado, Rosalinda Muñoz y Ricardo García, mientras que en ámbito local solo lo ha hecho –o al menos se conoce públicamente-, Mariano González Aguirre.
Esa exigua incidencia nos demuestra que el tema de la transparencia muchas de las veces son solo poses y discursos políticos, porque en los hechos no hay nada. Ahí están los casos de los líderes de partidos. Ninguno de los presidentes estatales de las 11 fuerzas políticas que existen la entidad ha presentado su declaración patrimonial para su difusión ante los órganos nacionales en la materia, como tampoco las han hecho sus diputados, alcaldes, regidores, presidentes de comunidades y demás funcionarios de los diversos órdenes de gobierno.
Pareciera que la transparencia solo es un asunto electoral y no de realidad.
El gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez prometió hacer transparente el patrimonio de sus funcionarios y al mes de abril, no sabemos nada.
Todavía recuerdo ese 1 de enero, allá en el Centro de Convenciones, en su toma de protesta, cuando dijo:
“Querido pueblo de Tlaxcala, mi vocación académica y política me obligará a rendir cuentas de un gobierno en el que su verdad se respalde en los hechos, y en el cual, los logros se reflejen no solo en la narrativa gubernamental, sino en la vida diaria de cada uno de ustedes.
Como guía de conducta será clave la mancuerna eficacia – honestidad. La eficacia, por sí sola, sin honestidad, es tecnocracia cínica. La honestidad sin eficacia, es ingenuidad estéril”, dijo.
Ha prometido dar a conocer las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios y lo haría en un acto público; él lo prometió, no nosotros.
Esperemos, hasta ahora, la voluntad de todos para que la sociedad conozca la situación patrimonial, fiscal y de intereses de nuestros funcionarios, de todos los niveles de gobierno, no solo estatales, ni federales o municipales, también de los partidistas.
Ya el próximo mes de julio entrará en vigencia las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece, entre otros aspectos, que “la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, llevará el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, a través de la Plataforma digital nacional que al efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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