La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo caro y poco efectivo. Durante los últimos ocho meses ninguna recomendación ha emitido. En ese período el órgano garante no ha actuado y no es porque en ese lapso no haya habido denuncias, sino que la encargada del despacho, Angélica Temoltzin Durante, no tuvo los arrestos o bien, el fundamento jurídico para proceder en contra de autoridades que presuntamente violentaron alguna garantía o derecho humano.
Desde la salida de Francisco Mixcóatl Antonio, el 29 de septiembre de 2016, la CEDH se ha convertido en un organismo autónomo que poco o nada ha hecho a favor de la ciudadanía en la investigación y en su caso, la emisión de alguna recomendación a las autoridades.
Y a eso hay que agregarle que en todo 2016, dicha entidad emitió cuatro recomendaciones, aunque desconocemos el desenlace de las mismas.
Es más, tres días antes de dejar el cargo, pues hasta el 29 de septiembre 2016, el pleno del Congreso local le aceptó su dimisión, Mixcóatl Antonio signó la última recomendación de la que se tiene registro.
Se trata del expediente CEDHT/PVG/101/2013, en contra de los elementos de la dirección de Seguridad Pública y Vialidad municipal de Totolac, Tlaxcala, por presuntamente afectar o trastocar el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.
Ello porque personal de esa institución incurrieron en abuso de autoridad al prestar indebidamente el servicio público, ya que ejercieron violencia desproporcionada durante la detención de una persona, además de general lesiones, trato cruel, inhumano o degradante a ésta.
Sin embargo, esa última recomendación data de hechos ocurridos desde 2013, es decir, los afectados o afectado, tuvo que esperar tres años para que la CEDH emitiera una resolución
Pero las otras tres recomendaciones emitidas durante todo ese 2016, tienen las mismas características: tenían entre dos o tres años guardadas, fueron presentadas entre 2013 y 2014, y que fueron emitidas en el mismo mes de septiembre, cuando el entonces titular del organismo estaba resuelto a dejar ese cargo en el que se mantuvo por 13 meses más después de la conclusión del mismo.
Bajo ese panorama, poco efectiva ha sido la CEDH en sus funciones, como son conocer de quejas por actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier servidor público estatal o municipal en ejercicio de sus funciones que presuntamente viole estos derechos.
Con ello, entre 2016 y 2017, la CEDH ha erogado cerca de 40 millones de pesos que han sido recursos “caros” para la ciudadanía, que no ha encontrado la respuesta deseada en el funcionamiento del organismo.
Pero el futuro de ésta no es halagüeño, porque los encargados de nombrar al presidente y su Consejo Consultivo se frotan las manos para acceder, vía recomendados, a esa jugosa bolsa decenas de millones de pesos que tiene la CEDH y de la defensa de los derechos humanos de los Tlaxcaltecas, bueno, después se verá.