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Espiar, deporte del gobierno. Se les acusa de corruptos, no de tontos

Se les acusa de corruptos, no de tontos. Se les señala de espiar, no de buscar información. Por eso la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto de que “si son tan machos y tienen pruebas, que las presenten” o un simple “no espiamos”, el risible, irritable y jode la escasa credibilidad que tiene esta administración federal.
El presente sexenio, al que todavía le queda poco más de un año, ha ido de escándalo en escándalo, sin aclarar abusos, excesos e ilegalidades; siempre se sale por la tangente y nunca aclara nada. Si se les acusa de corruptos, no de tontos, reza una frase.
Al inicio de la presente semana que está por concluir, defensores de derechos humanos, activistas, periodistas –y ahora se suman líderes de partido de oposición al PRI- y sociedad civil nos estremecimos con el reportaje dado a conocer por The New York Times, en el que da cuenta de una serie de acciones y medidas entabladas por el gobierno de México para espiar a todos los antes mencionados.
Leer el reportaje de The New York Times y las pruebas científicas y testimonios posteriores sobre el espionaje en México, queda la sensación de sentirse traicionado, vigilado y utilizado por el sistema para mantenerse en el poder.
Por eso, aunque suene hasta infantil e incrédulo, el gobierno tiene que investigar y darnos una prueba de que las instituciones funcionan, aunque los culpables estén dentro del gobierno mismo.
De oficio, incluso, deben hacerlo, es urgente, porque hasta ahora queda en evidencia la presunción de que el Estado utiliza recursos de públicos para espiar a los ciudadanos.
Hoy más que nunca, con este tipo de hechos, robustece la necesidad de que en nuestro país, la institución del Ministerio Público sea independiente al gobierno. Para que pueda ser enjuiciado sin usar el propio aparato del Estado para exculparse, aunque esté infestado del hedor de la ilegalidad.
Cómo confiar en este gobierno que espía y que va de escándalo en escándalo. Está el caso de la Casa Blanca, en donde fue evidente el tráfico de influencias y pago de favores, aunque el encargado de esa investigación –que cobraba en el sistema-, exoneró a la actriz metida a primera dama de México.
La respuesta del Estado, genera más dudas y molestia.
Aunque los agoreros del sistema dicen que en todos los países del mundo se hace espionaje, joder, no lo dudo, pero ese se realiza como una forma de contención proactiva del crimen, de grupos subversivos, no de luchadores y representantes de la sociedad civil, de partidos políticos y de oposición.
Con todo esto, el pensamiento de acceder a una mejor condición de lucha democrática por el poder en 2018 se tambalea.
Por actos de ese tipo, en Estados Unidos, hace casi 43 años –se cumplen el agosto próximo- el reelecto presidente Richard Nixon cayó y dimitió al ser descubierto sus actos ilegales de espionaje a la oposición.
A través de un trabajo periodístico se descubrió que Nixon en su afán de reelección -aunque en México no existe ello, pero con el PRI vivimos la llamada dictadura perfecta que busca restituirse tras recuperar el Ejecutivo federal- incurrió en espionaje en contra del Partido Demócrata e hizo ingresar a personas en el cuartel general de dicho partido el 17 de junio de 1972, ubicado en el edificio Watergate, de ahí el nombre a ese caso.
Pero en México, las cosas son distintas. Son pocos los que alzan la voz y muchas las acciones del gobierno para acallar la oposición o contralar a las mismas.
La denuncia de activistas civiles, defensores de derechos humanos, de periodistas y ahora de líderes de partido, como el PAN, sobre espionaje del gobierno en su contra, es un hecho de suma gravedad, que a todos, incluido al presidente, le debe interesar aclarar con pruebas, no con dichos, porque se les acusa de corruptos, más no de tontos.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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