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Combatir la corrupción y los excesos entre la clase política, no es buena idea

Cuando se quiere se puede, pero combatir la corrupción y los excesos de parte de la clase política no es ni será una buena idea. Por eso, nuestros diputados y demás autoridades, han hecho caso omiso de la obligación de crear el sistema estatal anticorrupción.

Es un hecho, los diputados no emitirán las leyes secundarias en la materia -ayer me lo confirmó el priista Enrique Padilla Sánchez- y solo se conformarán con haber aprobado una reforma constitucional que crea el sistema estatal en la materia, el cual por cierto, no ha sido sancionado por los ayuntamientos y tampoco, ha sido publicado por el Ejecutivo local. Es decir, tenemos una expectativa, pero en la realidad jurídica, no lo hay.

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,   la cual es de observancia general en todo el territorio nacional, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, Tlaxcala y el resto de los estados deberían contar con su sistema estatal.

Además, el mandato es claro, en el segundo artículo transitorio de esa norma, publicada el 18 de julio de 2016, que establece que “dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto”.

Pero ahora, viene la chicana que quieren endilgar los diputados al asegurar que no tenían la obligación de emitir las leyes secundarias. Eso es mentira.

Hace un año, al promulgarse las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno federal, los Poderes Legislativo y Judicial y los gobiernos estatales ofrecieron un sistema sólido de combate a este flagelo. Reunidos en Palacio Nacional, el Presidente, los legisladores, ministros y gobernadores, entre ellos el de Tlaxcala, Mariano González Zarur, aseguraron que el combate a la corrupción se basaría en “instituciones fuertes y autónomas”.

Sin embargo, la realidad es otra muy pero muy distinta.

Tlaxcala forma parte de los 11 estados que a pesar de que cuentan con su reforma constitucional que crea el sistema anticorrupción, carece de leyes secundarias en la materia, además de que las enmiendas a su carta magna no están vigentes.

Además de Tlaxcala, están en esa condición Quintana Roo, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Tabasco, y Yucatán.

Pero esa omisión no es gratuita. Nada es casual en el actuar de nuestra clase política que rehúye a la posibilidad de perder sus canonjías.

La medida de legislar con plazos acotados no es otra cosa que una burda acción para reducir  la participación de la sociedad y la posibilidad de que se cuestionen los nombramientos que realicen nuestros diputados tanto de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa como de los órganos ciudadanos en la materia.

Se niegan a transparentar el ejercicio de la función pública y muy en especial, se rehúsan a perder parte del ADN de la clase política que es la corrupción.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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