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Plantea PRD ley que permita sancionar corrupción de servidores públicos

El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Amaro Corona, propuso la creación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tlaxcala, la cual entre otras cosas, tiene como objetivo establecer un procedimiento de investigación, análisis, y en su caso sanción de los actos de corrupción en los que incurran los servidores públicos y particulares.

En la lectura del dictamen, el diputado local subrayó que la propuesta está enmarcada dentro de la legislación secundaria del Sistema Estatal Anticorrupción y acorde con el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyos objetivos centrales de ambos sistemas es dar plena transparencia al manejo de los recursos públicos, y  lograr que en el desempeño del servicio público, cada uno de los servidores cumplan con las atribuciones y las obligaciones que la ley les confiere.

Adicionalmente, establece las obligaciones de los servidores públicos a realizar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, y los mecanismos para su publicación.

En esa tesitura, el coordinador del grupo parlamentario del PRD sentenció que “uno de los principales problemas nacionales de los que la sociedad reclama una solución inmediata y eficaz, es la corrupción asociada a la impunidad. La credibilidad de los políticos, de la política y de las instituciones está en duda, y ello provoca una falta de legitimidad y, por lo tanto, cuestionamientos serios sobre el desempeño de los gobiernos en sus tres niveles, que se traducen en un hartazgo social materializado en abstencionismo electoral, inestabilidad del voto, protestas sociales espontáneas u organizadas y una crítica abierta o soterrada a través de los medios de comunicación”.

Ante ese panorama, planteó ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa que contiene una Ley de Responsabilidades Administrativas, enmarcada dentro de la legislación secundaria del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual tiene como finalidad establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran.

Así como las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves; del mismo modo establece los procedimientos a instaurar para la aplicación de las sanciones que correspondan.

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