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En el año de Hidalgo, los angelitos que despacharon como alcaldes se llevaron todo lo que pudieron y tan solo en el último trimestre de sus mandatos, acumularon un dalo patrimonial de 245 millones de pesos. Ese monto es solo lo que pudieron fincarles, pero dicen los que saben, que la cifra bien puede llegar al doble.

Fueron 28 ex alcaldes a quienes el Congreso local les reprobó sus cuentas públicas. La cifra es alarmante, pues representan 46 por ciento del total de los munícipes quienes incurrieron en actos ilegales con un quebranto multimillonario a las arcas municipales.

Con los 245 millones de pesos, se habrían construido al menos mil viviendas de interés social. Es decir, el Estado, vía desfalco de las Comunas, pudo dotar de una vivienda a entre 4 mil o 5 mil personas, es decir, podría haberles construido casas para casi la totalidad de la población de municipios como Muñoz de Domingo Arenas o Cuaxomulco, o quizá Atlangatepec, Emiliano Zapata, Zacualpan o Texoloc.

De ese tamaño es el daño de los angelitos, quienes, junto con sus secuaces, ahora andan, seguramente, en la búsqueda del artilugio para evadir pagar su irresponsabilidad.

Son los casos de los ex munícipes de Calpulalpan, Chiautempan, Cuaxomulco, Cuapiaxtla, Tequexquitla, Ixtacuixtla, Muñoz de Domingo Arenas, Nativítas, Axocomanitla, Tecopilco, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Santa Apolonia Teacalco, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala, Tlaxco y Xaloztoc.

También de Contla de Juan Cuamatzi, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Zacatelco, Tenancingo, Tzompantepec, Papalotla, Santa Cruz Tlaxcala, Tepetitla de Lardizábal, Tetla de la Solidaridad, Nopalucan, Santa Cruz Quilehtla y Tocatlán, correspondientes al último trimestre de 2016.

También fue el caso del  Instituto de Capacitación  para el Trabajo del estado de Tlaxcala (Icatlax).

Todos ellos deberán rendir cuentas y resarcir el daño que generaron y si en verdad se llevaron los recursos públicos, es tiempo que las instituciones del Estado obliguen a regresar ese dinero que tanta falta le hace al pueblo de Tlaxcala.

Urge legislar también para que el fallo del Congreso local sea vinculante para que quien tenga pendientes con el manejo de las arcas públicas no esté en posibilidades de buscar un nuevo cargo de elección popular, pues no se trata, como el alcalde nayarita de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, que se les premie aunque “hayan robado poquito”.

Sociedad junta deberíamos estar vigilantes de que ahora las autoridades estatales procedan en consecuencia en contra de estos angelitos para hacerles pagar hasta el último peso por su osadía, pues de lo contrario, andarán por la calle, sin ninguna pena, y orondos, presumiendo su logro, ese que se convierte en triunfo al evadir y burlarse de la ley.

Y desde ahora le adelanto que, porque esa película ya la vi, ni 10 por ciento de los señalados e imputados pagará por sus omisiones y daño patrimonial; litigios y lagunas legales les ayudarán a sustraerse del ejercicio de la justicia. Sino lo cree, al tiempo, muchas de las imputaciones, por lo pronto y expedito de nuestra justicia, dormirán el sueño de los justos en el Tlaxcala de no pasa nada.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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