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Marco Mena contra INE y su determinación de regular actos gubernamentales

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y su partido el Revolucionario Institucional a nivel nacional, se dolieron que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) legislaran al establecer disposiciones que los obligaría a no usar los recursos públicos, en sus diversas modalidades, con fines político-electorales.

No solo fueron ellos, también la presidencia de la República no quiere que haya disposiciones que los obliguen a no dar dádivas, ni coaccionar acciones, ni entregar tarjetas ni otras prebendas, a cambio de la voluntad ciudadana en este proceso electoral tanto federal como local.

Por ello, el PRI echó a andar su maquinaria y ordenó a sus gobernadores, incluido el de Tlaxcala, impugnar el acuerdo de los consejeros electorales por el cual fijan los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018.

Con ello, el tricolor busca echar para abajo las restricciones al uso de programas sociales con fines proselitistas, al uso de recursos públicos para adquirir propaganda gubernamental, los calendarios electorales y la prohibición a repartir tarjetas a la ciudadanía durante las campañas.

Hay que recordar que en las pasadas elecciones del estado de México, la oposición denunció la utilización de programas sociales por parte de los gobiernos federal y estatal para favorecer al PRI y a su entonces candidato y hoy gobernador, Alfredo del Mazo.

Con el argumento de que los consejeros electorales invadieron esferas de otras competencias, los priistas, entre ellos el gobernador Marco Mena, quieren dejar fuera los lineamientos que prohíben a los funcionarios públicos, entre otros aspectos, condicionar a cualquier ciudadano de forma individual o colectiva la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, el otorgamiento, la administración o la provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares a la promesa o demostración del ejercicio del voto a favor o en contra de algún aspirante, precandidato, candidato, partido o coalición; a la abstención de votar, o bien, a la no emisión del voto en cualquier etapa del proceso electoral para alguno de los mencionados o inducir su participación.

También quieren dejar sin efecto el mandato al titular del Ejecutivo federal, los gobiernos estatales, a los presidentes municipales, síndicos y regidores y demás representantes populares, para que se abstengan a asistir en un día hábil, en términos de la normatividad legal o reglamentaria aplicable a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la abstención del sufragio.

Por ello, el gobierno del Tlaxcala, junto con los de Coahuila, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, y las dirigencias nacionales del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, decidieron impugnar esos lineamientos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar que esas restricciones son ilegales y una extralimitación de las facultades que posee el INE.

Aunque la Sala Superior aún no dicta sentencia sobre estos lineamientos, en agosto, en un caso similar, decidió revocar las denominadas reglas de “cancha pareja”, cuya intención era prohibir desde el pasado 8 de septiembre, fecha de inicio del proceso electoral, que servidores públicos y aspirantes usaran recursos del erario para autopromocionarse en cualquier medio de difusión.

Dichas reglas también fueron impugnadas por la presidencia de la República, por los gobernadores del estado de México, Chiapas, la dirigencia nacional del PRI, por legisladores emanados de las filas del tricolor y el partido del tucán bajo el argumento de que la autoridad electoral excedió sus facultades legales al emitirlos y violó la libertad de expresión y el principio de rendición de cuentas.

Ahora solo hay que esperar a conocer la resolución de los magistrados electorales federales, aunque de acuerdo con diversos analistas, es probable que las buenas intenciones de los consejeros queden en anécdotas, porque la maquinaria electoral no quiere esperar y los engranes están listos para funcionar de cara a los comicios de sucesión presidencial, renovación del Congreso de la Unión y en el caso de Tlaxcala, del Poder Legislativo.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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