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¿Informe gubernamental o inicio de campaña priista? Mena en dilema

En política nunca hagas cosas buenas que parezcan malas y viceversa. Por ello, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez debe honrar su palabra y cumplir con la ley, así que deberá de olvidar el uso de su primer informe de gobierno como el arranque de la campaña de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), de cara a los comicios constitucionales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, así como del Congreso local.

A menos de 40 días para que el priista cumpla con esa obligación constitucional, el ex diputado local no debe caer en esa tentación, ya que tiene que ceñirse a lo que le ordena la legislación y el artículo 70 constitucional local en su fracción VII establece que éste debe rendir por escrito al Congreso del estado, el informe sobre la situación general que guardan los diversos rubros de la administración pública, dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año.

El artículo 44 de la Constitución de Tlaxcala establece que una de las labores fundamentales del Congreso es la recepción, análisis y  glosa de los informes que rindan los poderes Ejecutivo y Judicial bajo los términos siguientes: Dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año, el gobernador del estado presentará el informe, sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública estatal, para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del estado, o bien enviarlo por escrito.

Aunado a ello, dicho numeral puntualiza que una vez recibidos los informes a que hacen mención los dos párrafos anteriores, el Congreso procederá a analizarlos y en un término que no excederá de 10 días y de creerlo necesario podrá solicitar al Ejecutivo la comparecencia de los secretarios del ramo.

Es decir, que en los primeros cinco días del próximo mes de diciembre deberá entregar su informe, pero no le establece la obligación a rendirlo ante otra instancia y mucho menos, en otro día. Es decir, Marco Mena debe, en todo caso, emitir un mensaje ciudadano el mismo día que lo entregue, o quizá en un término de siete días antes o cinco días después de ese ejercicio, bajo el principio que las autoridades están obligadas a realizar solo lo que les mandata la legislación; ni más ni menos.

Hay que recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evidenció al ex gobernador Mariano González Zarur por violar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por la indebida realización de su informe ciudadano llevado a cabo el pasado 14 de enero de 2014.

Ello porque la fecha en la que el ex gobernador presentó al Congreso del estado su informe fue el 5 de diciembre de 2014, por lo que atendiendo a esta disposición tuvo que haber rendido dicha difusión, a más tardar, el 10 de diciembre de esa anualidad, pero no fue así, lo hizo el 14 de enero de 2015, lo cual violentó el artículo 242, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Dicha normatividad establece que “para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”.

Además, los magistrados federales electorales amonestaron también al entonces titular de la Coordinación de Información y Relaciones Públicas del Gobierno, Raymundo Vega y Crespo, así como los concesionarios de radiodifusoras estatales que transmitieron ese informe.

Marco Mena no debe hacer cosas buenas que parezcan malas, ni viceversa, porque la cercanía anunciada con el PRI no debe generar más ruido electoral del que ya se tiene en un Tlaxcala que por cada hijo que tiene también un político le dio. Además, con ello, podría enterrar esa vetusta tradición instaurada por el PRI que ideo esos informes como el culto y tributo a la personalidad del presidente-gobernante en turno. También deberá dar un golpe de timón en sentido contrario a su antecesor, quien de acuerdo el procedimiento especial sancionador registrado dentro del expediente SRE–PSC–27/2015, violó la legislación electoral.

 

 

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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