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Presupuesto estatal a litigio

El decreto de presupuesto de 2018 está en vilo, su legalidad está en suspenso y su aplicación también, pues éste fue impugnado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al considerar que los integrantes de la LXII Legislatura local atentaron contra la autonomía del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) al asignarle solo 75 millones de pesos de los 135 millones que pidieron los consejeros.

La impugnación de este instituto político, el mismo que se inconformó y ganó el litigio por la asignación indebida de financiamiento público al partido Movimiento Ciudadano, ya tiene el respaldo del PRD y de otras fuerzas electorales, al estimar que la asignación presupuestal al ITE atenta contra su autonomía.

Fue la representante suplente del Partido Verde, Daniela Nava Nava, quien promovió ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) un juicio electoral, con clave TET-JE-001/2018, en contra de la aprobación del decreto que contiene el presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018. La impugnación fundamental es en contra de la asignación de 75 millones de pesos al órgano electoral, pues la cúpula del PVEM considera que ese monto, que son 62 millones 727 mil 100 pesos menos a los requeridos por los consejeros electorales, serán insuficientes para organizar, realizar, computar y calificar los comicios venideros.

Ello porque de los 75 millones de pesos etiquetados por los diputados para el árbitro electoral, 62 millones 368 mil 401 pesos corresponden al financiamiento público de los partidos políticos, es decir dinero del pueblo para el pago de prerrogativas partidistas, por lo que únicamente contarían con 12 millones 631 mil 599 pesos para gastos de operación y realización de la jornada electiva, con sus actividades y acciones previas.

El principal argumento de los pevemistas es que los diputados incumplieron con diversos ordenamientos constitucionales y en especial, trastocan el artículo 19 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala, que establece que “el Instituto es un organismo público autónomo e independiente en su funcionamiento y decisiones, de carácter permanente, profesional en su desempeño y dotado de personalidad jurídica. La autonomía e independencia del Instituto tienen carácter político, jurídico, administrativo, financiero y presupuestal, y se expresan en la facultad de resolver con libertad y con una estructura orgánica propia los asuntos de su competencia, sin interferencia de otros poderes, órganos públicos y particulares, salvo las que se deriven de los medios de control que establecen las Constituciones Federal y Local, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

La asignación de esos recursos, argumentan, son insuficientes y con ello atentan contra la autonomía del organismo, ya que se supeditaría a los designios del gobernador Marco Mena, pues con él tendrían que negociar o pactar, una ampliación presupuestal.

La medida del PVEM y su determinación de litigar dicha asignación puede ser muy buena, pero deja mal parada a su dirigencia estatal, pues la evidencia como una instancia desmemoriada, con doble moral o sin comunicación alguna con sus dos diputados locales.

Ello porque los dos legisladores ecologistas o los que llegaron al Congreso local bajo esas siglas, Aitzury Sandoval Vega y Fidel Águila Rodríguez, avalaron con su voto esa distribución  de recursos.

A ver si los magistrados electorales locales le “entran” al asunto o de plano, se hacen de la vista gorda, para evitar una confrontación con el Ejecutivo local. De ser así, este litigio lo resolverá nuevamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz
Juan Luis Cruz Pérez. Originario de Teziutlán, Puebla. Egresado de la Universidad del Altiplano, ha laborado en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos. En dos periodos ha sido presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

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