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Crisis en Inmujeres y en las instancias estatales

Lo que creíamos ganado o como un avance para las mujeres –quienes representamos más del 50 por ciento del total de la población en el mundo y en México-, hoy se encuentra en una situación de crisis.

Resulta que tanto el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), como las instancias estatales para las mujeres están pasando por verdaderas dificultades, que de no solucionarse conllevan al Estado  Mexicano  a incumplir   con lo que establece la IV Conferencia Internacional de la  Mujer celebrada en Beijing, China en 1995.

En dicha Conferencia se definió una Plataforma de Acción, que orienta la acción gubernamental en 10 ejes: pobreza, educación, capacitación, salud, violencia contra las mujeres, conflictos armados, economía, ejercicios del poder, toma de decisiones, medios de difusión, medio ambiente y niñez.

Así mismo se definió la creación de Mecanismos Institucionales para el Adelanto de las Mujeres (Institutos y Oficinas de la Mujer), que deben apoyar al desarrollo de las políticas y acciones antes señaladas.

Sin embargo, a 24 años de haberse aprobado la Plataforma de Acción, vemos retrocesos por parte de las autoridades tanto federales, como estatales en los avances relacionados al conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, específicamente en el fortalecimiento de Institutos y Oficinas de la Mujer.

De inicio, a casi dos meses de que rindió protesta el nuevo gobierno que encabeza Andres Manuel López Obrador, no ha sido designada  la titular de Inmujeres y eso conlleva quiérase o no, una serie de consecuencias para las instancias estatales, pues no hay quien atienda, resuelva  o establezca una postura sobre lo que sucede en las entidades.

Para sorpresa de muchas, hace 4 días, se publicó en diversos medios de comunicación que la Secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero declaró que sería hasta “en una o dos semanas cuando  presentará al presidente Andrés Manuel López Obrador, la terna para la nueva titular del Instituto Nacional de las Mujeres”, al respecto las Consejeras de Inmujeres señalaron que no ha habido ni reuniones, ni acuerdos, y menos sobre la terna armada y propuesta desde el 14 de diciembre, y que está integrada por Nadine Gassman, Fabiola Alanis y Candelaria Ochoa; dejando fuera a otros perfiles  propuestos por feministas y defensoras de derechos de las mujeres, e incluso por partidos políticos.

Ante ello, las Consejeras han insistido entonces que el proceso debe hacerse con convocatoria abierta, aunque ello no es obligación de ley, y debe resolverse en la reunión de la Junta de Gobierno que por ley encabeza  la presidenta de Inmujeres, y que por su carácter autónomo en gestión y recursos, no depende de la Secretaria de Gobernación.

Para lograr lo anterior, integrantes de los Consejos Consultivos y Social (órganos auxiliares del Inmujeres),  han publicado en las últimas horas ya una convocatoria, con vigencia del 29 de enero al 01 de febrero, para recibir propuestas de candidaturas y elegir otra terna, que será presentada a López Obrador.

Sin embargo la convocatoria es impulsada solo por las Consejeras y no por la Junta de Gobierno, lo cual está generando más controversia y nada de solución.

Así mismo no ha sido nombrada la responsable de la  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),  quien sí depende de la Secretaría de Gobernación y que al no tener una titular tampoco se puede avanzar en el análisis y resultados de las  Alertas de Violencia de Genero (AVGM).

Y tampoco se ha definido a la titular  del  Centro Nacional Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), que es la unidad de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, responsable de las políticas nacionales de los programas de planificación familiar y anticoncepción, salud sexual y reproductiva, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, salud materna y perinatal, igualdad de género, y prevención y atención de la violencia familiar. 

En lo que  respecta  a las entidades señalo dos casos:  Jalisco y Tlaxcala.

En Jalisco el gobernador Enrique Alfaro –mal asesorado-, ha propuesto desaparecer al Instituto Jalisciense de las Mujeres, que tiene poco más de 20 años de haber sido creado.

No obstante a la oposición de organismos civiles integrados por mujeres defensoras de los derechos de las mujeres,  de las fracciones legislativas del PAN  y de Morena, y de una medida cautelar que emitió  la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), ya avanzó en primera lectura la iniciativa para extinguir el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), el cual será absorbido por la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Este 30 de enero se realizará la sesión en el Congreso local y  el dictamen sobre la extinción del IJM se subirá de nuevo al pleno para ser votado

Ante las fuertes críticas que han surgido en el ámbito nacional por dicha iniciativa, el mandatario Enrique Alfaro ha señalado que el “debate no tiene mayor sentido” y según el mandatario se ha aclarado que no van a desaparecer la instancia (…) al contrario, en lugar de ser un OPD (organismo público descentralizado), lo vamos a convertir en secretaría”. Declaración que sido totalmente rechazada.

Lo que sucede en Jalisco ha sido calificado como una propuesta retrógrada de parte del gobernador, pues mujeres activistas y legisladoras locales, aseguran que se prevé una pérdida de autonomía del instituto Jalisciense y además es una acción calificada como “una violencia de Estado”.

En lo que se refiere a Tlaxcala, tampoco se cantan mal las rancheras, diría la frase popular, pues están  suspendidos todos los servicios del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, conocido como PAIMEF,  pues debido a la falta de recursos económicos  de la federación y de la falta de interés y de  apoyo del gobierno estatal, los 10 módulos de atención a la violencia han suspendido sus actividades desde el pasado primero de enero, quedándose sin servicio y seguimiento a sus casos jurídicos y psicológicos cientos de mujeres que enfrentan procesos de divorcios, pensiones alimenticias, órdenes de protección y denuncias ante el Ministerio Público por diversos tipos de violencia familiar.

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Información de fuentes confiables revelan que por lo menos el año pasado fueron atendidas 3 mil 150 mujeres de todo el estado, por 45 profesionales en Psicología, Trabajo Social y Derecho, certificados en la norma EC0539, quienes ante la falta de recursos económicos para trabajar han recibido la orden de cerrar los módulos de atención a la violencia, quedándose a la deriva cientos de mujeres con procesos en trámite.

A casi un mes de haberse cerrado el PAIMEF en Tlaxcala,  no se aprecia intención  alguna del Gobierno del Estado de reabrir el servicio, y tal vez la justificante sea que  los  módulos operan con recurso federal y no hay recursos etiquetado para ello.

Desafortunado es también que aún con recurso federal, el funcionamiento de los módulos de atención en Tlaxcala -en años anteriores-, ha iniciado después del mes de junio, un detalle que el Gobierno Federal a través de Inmujeres no ha logrado resolver, pues en otras entidades los gobiernos estatales asumen los gastos y resuelven la comprobación de recursos económicos para que les sean devueltos.

 En Tlaxcala el PAIMEF solo avanza cuando el recurso federal llega, como si los problemas de violencia que enfrentan las mujeres, fueran temporales; y lo más desafortunado es ver que quienes toman las decisiones no ejecutan estrategias que permitan atender a las mujeres que enfrentan graves situaciones de violencia.

Ante este panorama es evidente que el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres aún tiene mucho camino por recorrer; ojalá las Cámaras de Diputados –Federal y Local- intervengan, pues de nada nos servirá tener legislaturas paritarias, si no tienen perspectiva de género.

¡NI UN PASO ATRÁS A LO GANADO POR LAS MUJERES!

  • Red Nacional de Periodistas

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