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Es competencia de la SCJN recursos contra el Decreto 75 de la Ley Municipal


Los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) resolvieron que no pueden conocer de controversias derivadas de reformas legales aprobadas por el Congreso del Estado, motivo por el cual las impugnaciones contra el Decreto número 75 relativo a la restitución del voto a los presidentes de comunidad son competencia exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Incluso, en sesión de pleno los magistrados electorales locales determinaron el sobreseimiento de 17 de los 18 recursos de impugnación que interpusieron diversos actores municipales contra el Decreto número 75 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado, a través del cual se reformaron y adicionaron los artículos 4 y 120 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala.

Las impugnaciones fueron iniciadas ante el TET por regidores y presidentes de diferentes municipios y eran relativos al regreso del voto a los presidentes de comunidad al interior de los cabildos que se registró desde el 1 de enero de 2019.

No obstante, los magistrados argumentaron que “los planteamientos de los actores en los términos que los realizan, implicaría realizar funciones propias de jueces y tribunales encargados de realizar control concentrado de la Constitución Federal porque la causa de pedir está dirigida, más allá de alguna situación específica que afecte a los actores, a una disposición jurídica. Es decir, el fundamento de la pretensión de inaplicación, no es una cuestión incidental o accesoria del litigio, sino que está planteada como principal y directa”.

Además,  los magistrados desecharon las demandas de Isela Carvajal Parra y Carlos David Robles Figueroa, con el carácter de síndica y primer regidor del ayuntamiento de Apetatitlán, respectivamente, pues no se aprecia la firma autógrafa de ambos en el escrito de presentación de su demanda en la hoja final o en algún apartado distinto de la misma.

El Pleno del Tribunal determinó que los juicios interpuestos resultaron improcedentes y se sobreseyeron, porque los diferentes actores enfocan sus agravios en afirmar que el decreto impugnado es contrario al precepto constitucional 116, párrafo segundo, fracción II de la Constitución federal.

El objetivo de los recursos presentados ante el TET era dejar sin efecto y, en su caso, se dejara sin aplicación el decreto impugnado en los Ayuntamientos, a fin de evitar que se altere de manera grave la conformación de éstos.

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