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Con  frecuencia escuchamos el término ciudadanía sin que sepamos con exactitud a qué nos referimos,  este término alude al “conjunto de derechos y deberes para todos los miembros de una comunidad política así como su pertenecía en condiciones de igualdad” (Hurtado, 2014). No obstante de que el concepto es muy amplio, los derechos políticos se han reducido casi exclusivamente a votar en las jornadas electorales, pero como sabemos el ejercicio de estos derechos implica una participación más amplia, también se traduce en la posibilidad de tomar parte en la toma de decisiones en el ámbito público y de exigir cuentas a las autoridades electas.

                La Sociedad Civil por su parte, es “un espacio permeado por la política en el que se articulan demandas e intereses diversos que permiten la constitución (…) de identidades de diversa índole, lo que a su vez puede derivar en estrategias de acción colectiva de la ciudadanía en general y de los movimientos sociales en particular” (Hurtado, 2014). Así, los movimientos sociales son actores que forman parte de la sociedad civil  y representan los proyectos de los actores colectivos contemporáneos.

                Estos actores reclaman el reconocimiento de sus identidades, intereses y necesidades tanto individuales como colectivas y se han convertido en canales de manifestación del descontento y de la necesidad de generar cambios.  El hecho de que en nuestro país se enfrente un grave problema de desigualdad, genera una serie de demandas desde diversos grupos tales como feministas, ecologistas, sexodiversos, estudiantiles, obreros, etnias indígenas, afrodescendientes entre otros. Y es que a decir de algunos estudiosos del tema (Kimlicka y Norman, 1997) el vigor y la estabilidad de una democracia moderna, no dependen solamente de la justicia de su estructura básica, sino también de las cualidades y actitudes de las y los ciudadanos.

                En el caso de los pueblos indígenas, quienes asumen una identidad étnica con base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los pueblos autóctonos del país y descendientes de las sociedades mesoamericanas, representan el 10 % de la población total de nuestro país, quienes han demandado el reconocimiento de su identidad, el respeto a su derecho a la autodeterminación y autonomía para autogobernarse.

                Otro de los grupos que mayor movilización han tenido han sido las feministas que abanderan demandas de eliminación de toda forma de violencia de género entre ellas, en el ámbito político, la violación, la desaparición forzada, la trata con fines de explotación sexual y comercial; la más extrema que es el feminicidio,  así como el respeto al derecho de las mujeres a decidir sobre su reproducción, que por cierto, es un derecho ya previsto en el artículo cuarto constitucional; las mujeres en este país tienen derecho a decidir a tener hijos o no, cuántos y cuándo tenerlos. El cual se ha visto limitado porque una decisión que debe ser personal, está siendo interferida por actores públicos que no tienen razón para opinar. Es muy sencillo, el Estado pone reglas y las mujeres disponen de ellas.

                Por otra parte, el movimiento social generado por la comunidad LGBTI también se ha manifestado por el reconocimiento a sus derechos para ser reconocido en su identidad, para formar parejas, gozar de los mismos beneficios y poder adoptar hijos e hijas, así como el pleno acceso de sus derechos políticos electorales. Por cierto, debemos reconocer los avances en esta materia en nuestro país, ya que el Instituto Nacional Electoral emitió una serie de medidas a fin de salvaguardar estos derechos. En el caso de la población indígena, estableció cuotas en la  postulación de candidaturas indígenas y facilitó el ejercicio del voto a personas trans en el pasado proceso electoral concurrente 2017-2018.

                En el caso de la población afrodescendiente en nuestro país, representan  el 1.2 % de la población total[1] y sus demandas se han traducido en el reconocimiento de su identidad y el acceso a sus derechos en diversos ámbitos. Otros movimientos sociales se han  generado en torno a la preservación del medio ambiente, a las demandas de las y los estudiantes así como de las organizaciones de la sociedad civil que se han encargado de atender a las mujeres víctimas de violencia extrema en el país, el combate a la corrupción, entre otras, a las cuales me referiré en otro momento.

                De esta manera se socializa la política, por lo que como ya señalé, es necesario incluir en la reflexión sobre la participación ciudadana en el ámbito político las acciones de la ciudadanía a través de los movimientos sociales, ya que la forma en que se atienden y canalizan sus demandas así como su grado de incidencia en la agenda pública nos permiten evaluar la calidad de la democracia en nuestro país. En este día de asueto, recordamos el natalicio de Benito Juárez el día 21 de marzo, cuya frase emblemática “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” continúa siendo vigente hasta nuestros días.


[1] INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

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