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Reformas político electorales

En el contexto de las reformas político electorales que se están generando en el congreso local orientadas a armonizar las leyes locales con el marco jurídico federal, es pertinente traer a colación la necesidad de realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas en la entidad previstas en el ámbito internacional, federal y estatal para que se autoidentifiquen como tales y asegurar que las comunidades que se beneficien de esta medida legislativa, correspondan plenamente a su voluntad.
La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 2014 reconoció que existe un desfase entre el marco normativo en el ámbito internacional y nacional en 12 entidades del país, entre ellas, el estado de Tlaxcala. A nivel internacional la consulta la prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) así como la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial (1965), que cobra especial importancia dada una de las recomendaciones de su comité de seguimiento que realizó al Estado Mexicano respecto al Sistema Jurídico Indígena, señalando que sólo existía a través del concepto de “usos y costumbres”.
En el ámbito federal, los artículos 1° y 2° constitucionales son parte del marco normativo en la materia, en el apartado B de este último artículo se observa la responsabilidad de la federación, los estados y municipios para que las comunidades sean consultadas para la elaboración de los planes de desarrollo en el ámbito de su competencia. En el Estado de Tlaxcala la constitución local hace el reconocimiento expreso de la existencia de “pueblos y comunidades indígenas”, sustentados en los pueblos náhuatl y otomí asentados en el territorio del Estado, tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 2.

Esta consulta no sólo obedece a la reforma prevista en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en el ámbito federal, entre ellos el artículo 26 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su párrafo 3 señala:

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, así como el de elegir a sus autoridades, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas, garantizando el principio de paridad de género, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2o. de la Constitución, de manera gradual.

Por lo anterior, para poder implementar la figura de representación indígena en los ayuntamientos con población indígena es necesaria la realización de una consulta libre, previa e informada, pero también para que las reformas legislativas recaben las inquietudes, preocupaciones y necesidades de las propias comunidades indígenas.

Existen referentes también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha señalado que el derecho a la consulta previa procede siempre que las autoridades tengan a su cargo la toma de una decisión de carácter administrativo o legislativo, cuyos efectos impliquen una afectación directa al modo de vida particular de los pueblos indígenas. En el mismo sentido se ha pronunciado el TEPJF que estableció en una tesis de 2015 en la que prevé los requisitos de validez de la consulta previa a comunidades indígenas, realizada por autoridad administrativa electoral, cuando emita actos susceptibles de afectar sus derechos:
1) Debe realizarse previamente a la adopción de la modalidad susceptible de afectar los derechos de los indígenas. 2) Proporcionarles los datos para que participen de forma genuina y objetiva en la toma de decisión. 3) Debe existir constancia de que la comunidad estuvo suficientemente informada de la consulta a realizar. 4) Debe ser libre, sin injerencias externas, coercitivas, intimidatorias o de manipulación. 5) Debe ser de buena fe, basadas en el consenso y 6) Debe ser adecuada, a través de las instituciones representativas indígenas, sistemática y transparente, para efecto de generar la menor afectación posible a sus usos y costumbres.
Es de suma importancia que el legislativo local cumpla con estos preceptos establecidos en nuestra legislación y atender la opinión de las comunidades indígenas antes de realizar una reforma que tenga un impacto en éstas. Por otra parte, reviste fundamental importancia también la publicación del decreto aprobado por la LXIII legislatura en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género ya que para que pueda ser aplicada en el próximo proceso electoral, debe publicarse en el periódico oficial a más tardar el 30 de agosto del presente año.

Noemí Carmona
Noemí Carmona
Egresada de la Universidad del Altiplano, dedicada al quehacer periodístico desde el año 1998, con participación en medios impresos y electrónicos en Tlaxcala y Puebla. Apasionada de la radiodifusión y del trabajo social.

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