Cuando se quiere se puede, pero combatir la corrupci\u00f3n y los excesos de parte de la clase pol\u00edtica no es ni ser\u00e1 una buena idea. Por eso, nuestros diputados y dem\u00e1s autoridades, han hecho caso omiso de la obligaci\u00f3n de crear el sistema estatal anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n
Es un hecho, los diputados no emitir\u00e1n las leyes secundarias en la materia -ayer me lo confirm\u00f3 el priista Enrique Padilla S\u00e1nchez- y solo se conformar\u00e1n con haber aprobado una reforma constitucional que crea el sistema estatal en la materia, el cual por cierto, no ha sido sancionado por los ayuntamientos y tampoco, ha sido publicado por el Ejecutivo local. Es decir, tenemos una expectativa, pero en la realidad jur\u00eddica, no lo hay.<\/p>\n
De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n, \u00a0\u00a0la cual es de observancia general en todo el territorio nacional, tiene por objeto establecer las bases de coordinaci\u00f3n entre la Federaci\u00f3n, las entidades federativas, los\u00a0municipios y las alcald\u00edas de la Ciudad de M\u00e9xico, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el\u00a0art\u00edculo 113 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades\u00a0competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupci\u00f3n, Tlaxcala y el resto de los estados deber\u00edan contar con su sistema estatal.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el mandato es claro, en el segundo art\u00edculo transitorio de esa norma, publicada el 18 de julio de 2016, que establece que \u201cdentro del a\u00f1o siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Uni\u00f3n\u00a0y\u00a0las Legislaturas de las entidades federativas, en el \u00e1mbito de sus respectivas competencias, deber\u00e1n expedir\u00a0las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el\u00a0presente Decreto\u201d.<\/p>\n
Pero ahora, viene la chicana que quieren endilgar los diputados al asegurar que no ten\u00edan la obligaci\u00f3n de emitir las leyes secundarias. Eso es mentira.<\/p>\n
Hace un a\u00f1o, al promulgarse las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n, el gobierno federal, los Poderes Legislativo y Judicial y los gobiernos estatales ofrecieron un sistema s\u00f3lido de combate a este flagelo. Reunidos en Palacio Nacional, el Presidente, los legisladores, ministros y gobernadores, entre ellos el de Tlaxcala, Mariano Gonz\u00e1lez Zarur, aseguraron que el combate a la corrupci\u00f3n se basar\u00eda en \u201cinstituciones fuertes y aut\u00f3nomas\u201d.<\/p>\n
Sin embargo, la realidad es otra muy pero muy distinta.<\/p>\n
Tlaxcala forma parte de los 11 estados que a pesar de que cuentan con su reforma constitucional que crea el sistema anticorrupci\u00f3n, carece de leyes secundarias en la materia, adem\u00e1s de que las enmiendas a su carta magna no est\u00e1n vigentes.<\/p>\n
Adem\u00e1s de Tlaxcala, est\u00e1n en esa condici\u00f3n Quintana Roo, Baja California, Campeche, Ciudad de M\u00e9xico, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Tabasco, y Yucat\u00e1n.<\/p>\n
Pero esa omisi\u00f3n no es gratuita. Nada es casual en el actuar de nuestra clase pol\u00edtica que reh\u00faye a la posibilidad de perder sus canonj\u00edas.<\/p>\n
La medida de legislar con plazos acotados no es otra cosa que una burda acci\u00f3n para reducir \u00a0la participaci\u00f3n de la sociedad y la posibilidad de que se cuestionen los nombramientos que realicen nuestros diputados tanto de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa como de los \u00f3rganos ciudadanos en la materia.<\/p>\n
Se niegan a transparentar el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica y muy en especial, se reh\u00fasan a perder parte del ADN de la clase pol\u00edtica que es la corrupci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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