El gobernador Marco Antonio Mena Rodr\u00edguez y su partido el Revolucionario Institucional a nivel nacional, se dolieron que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) legislaran al establecer disposiciones que los obligar\u00eda a no usar los recursos p\u00fablicos, en sus diversas modalidades, con fines pol\u00edtico-electorales.<\/p>\n
No solo fueron ellos, tambi\u00e9n la presidencia de la Rep\u00fablica no quiere que haya disposiciones que los obliguen a no dar d\u00e1divas, ni coaccionar acciones, ni entregar tarjetas ni otras prebendas, a cambio de la voluntad ciudadana en este proceso electoral tanto federal como local.<\/p>\n
Por ello, el PRI ech\u00f3 a andar su maquinaria y orden\u00f3 a sus gobernadores, incluido el de Tlaxcala, impugnar el acuerdo de los consejeros electorales por el cual fijan los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos p\u00fablicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018.<\/p>\n
Con ello, el tricolor busca echar para abajo las restricciones al uso de programas sociales con fines proselitistas, al uso de recursos p\u00fablicos para adquirir propaganda gubernamental, los calendarios electorales y la prohibici\u00f3n a repartir tarjetas a la ciudadan\u00eda durante las campa\u00f1as.<\/p>\n
Hay que recordar que en las pasadas elecciones del estado de M\u00e9xico, la oposici\u00f3n denunci\u00f3 la utilizaci\u00f3n de programas sociales por parte de los gobiernos federal y estatal para favorecer al PRI y a su entonces candidato y hoy gobernador, Alfredo del Mazo.<\/p>\n
Con el argumento de que los consejeros electorales invadieron esferas de otras competencias, los priistas, entre ellos el gobernador Marco Mena, quieren dejar fuera los lineamientos que proh\u00edben a los funcionarios p\u00fablicos, entre otros aspectos, condicionar a cualquier ciudadano de forma individual o colectiva la entrega de recursos provenientes de programas p\u00fablicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, el otorgamiento, la administraci\u00f3n o la provisi\u00f3n de servicios o programas p\u00fablicos, la realizaci\u00f3n de obras p\u00fablicas u otras similares a la promesa o demostraci\u00f3n del ejercicio del voto a favor o en contra de alg\u00fan aspirante, precandidato, candidato, partido o coalici\u00f3n; a la abstenci\u00f3n de votar, o bien, a la no emisi\u00f3n del voto en cualquier etapa del proceso electoral para alguno de los mencionados o inducir su participaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n quieren dejar sin efecto el mandato al titular del Ejecutivo federal, los gobiernos estatales, a los presidentes municipales, s\u00edndicos y regidores y dem\u00e1s representantes populares, para que se abstengan a asistir en un d\u00eda h\u00e1bil, en t\u00e9rminos de la normatividad legal o reglamentaria aplicable a m\u00edtines, marchas, asambleas, reuniones o eventos p\u00fablicos que tengan como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido pol\u00edtico, coalici\u00f3n, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la abstenci\u00f3n del sufragio.<\/p>\n
Por ello, el gobierno del Tlaxcala, junto con los de Coahuila, Colima, San Luis Potos\u00ed, Sinaloa, y las dirigencias nacionales del PRI y del Partido Verde Ecologista de M\u00e9xico, decidieron impugnar esos lineamientos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, al considerar que esas restricciones son ilegales y una extralimitaci\u00f3n de las facultades que posee el INE.<\/p>\n
Aunque la Sala Superior a\u00fan no dicta sentencia sobre estos lineamientos, en agosto, en un caso similar, decidi\u00f3 revocar las denominadas reglas de “cancha pareja”, cuya intenci\u00f3n era prohibir desde el pasado 8 de septiembre, fecha de inicio del proceso electoral, que servidores p\u00fablicos y aspirantes usaran recursos del erario para autopromocionarse en cualquier medio de difusi\u00f3n.<\/p>\n
Dichas reglas tambi\u00e9n fueron impugnadas por la presidencia de la Rep\u00fablica, por los gobernadores del estado de M\u00e9xico, Chiapas, la dirigencia nacional del PRI, por legisladores emanados de las filas del tricolor y el partido del tuc\u00e1n bajo el argumento de que la autoridad electoral excedi\u00f3 sus facultades legales al emitirlos y viol\u00f3 la libertad de expresi\u00f3n y el principio de rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n
Ahora solo hay que esperar a conocer la resoluci\u00f3n de los magistrados electorales federales, aunque de acuerdo con diversos analistas, es probable que las buenas intenciones de los consejeros queden en an\u00e9cdotas, porque la maquinaria electoral no quiere esperar y los engranes est\u00e1n listos para funcionar de cara a los comicios de sucesi\u00f3n presidencial, renovaci\u00f3n del Congreso de la Uni\u00f3n y en el caso de Tlaxcala, del Poder Legislativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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