\uf0b7 Retoma casi la totalidad de los aspectos considerados en los<\/p>\n\n\n\n
Acuerdos de San Andr\u00e9s Larr\u00e1inzar, Chiapas, firmado en febrero<\/p>\n\n\n\n
de <\/a>1996<\/p>\n\n\n\n La reforma constitucional para reconocer a los pueblos ind\u00edgenas y afromexicanos como sujetos de derechos, es una oportunidad para resarcir la deuda hist\u00f3rica del Estado mexicano con estas comunidades, afirm\u00f3 la presidenta del Senado de la Rep\u00fablica, Ana Lilia Rivera Rivera.<\/p>\n\n\n\n Asegur\u00f3 que la propuesta que present\u00f3 el titular del Ejecutivo Federal retoma casi la totalidad de los aspectos considerados en los Acuerdos de San Andr\u00e9s Larra\u00ednzar, Chiapas, que firmaron el Gobierno Federal y el Ej\u00e9rcito Zapatista de Liberaci\u00f3n Nacional, EZLN, el 16 de febrero de 1996, permitir\u00e1 desterrar para siempre el racismo, la discriminaci\u00f3n, el despojo y la invisibilizaci\u00f3n que han enfrentado los pueblos originarios.<\/p>\n\n\n\n En un art\u00edculo que public\u00f3 el pasado 15 de febrero en un diario nacional, la legisladora explic\u00f3 que, en 2019, una amplia alianza de pueblos y organizaciones ind\u00edgenas entreg\u00f3 al Presidente de la Rep\u00fablica una propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos ind\u00edgenas y afromexicanos.<\/p>\n\n\n\n Dijo que este proyecto fue retomado y enriquecido a trav\u00e9s de foros de consulta organizados por el INPI, cuyo resultado, aunque con modificaciones, fue enviado el 5 de febrero pasado<\/p>\n\n\n\n por el Ejecutivo Federal como parte del paquete de reformas constitucionales.<\/p>\n\n\n\n La senadora Ana Lilia Rivera, quien fue delegada del EZLN, record\u00f3 que el pasado 16 de febrero se cumplieron 28 a\u00f1os de los Acuerdos de San Andr\u00e9s, luego de un amplio proceso<\/p>\n\n\n\n de an\u00e1lisis y debate de algunos de los principales problemas y exigencias hist\u00f3ricas de los pueblos ind\u00edgenas, en el cual participaron expertos y representantes de decenas de comunidades de todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, esos acuerdos se sintetizaron en la iniciativa de Ley Cocopa y, en 2001, una versi\u00f3n modificada se convirti\u00f3 en la Ley Ind\u00edgena, que \u201ctraicionaba los puntos esenciales de los Acuerdos de San Andr\u00e9s: los derechos a la autonom\u00eda y al territorio\u201d.<\/p>\n\n\n\n Ana Lilia Rivera se\u00f1al\u00f3 que en ese entonces s\u00f3lo se reconoc\u00eda a los pueblos originarios como entidades de inter\u00e9s p\u00fablico, \u201ces decir, los manten\u00eda en una situaci\u00f3n de pasividad ante el paternalismo del Estado y a merced de la buena o mala voluntad de los gobiernos en turno, sin poder reivindicar sus derechos y defender legalmente sus territorios\u201d.<\/p>\n\n\n\n Desde entonces, agreg\u00f3 la legisladora, numerosos pueblos originarios asumieron los Acuerdos de San Andr\u00e9s como horizonte de lucha y principal documento pol\u00edtico para exigir una nueva relaci\u00f3n con el Estado.<\/p>\n\n\n\n Con estos antecedentes, la presidenta de la Mesa Directiva destac\u00f3 que la iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar el art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n les reconoce el derecho a la libre determinaci\u00f3n y autonom\u00eda, sus sistemas normativos internos, educaci\u00f3n ind\u00edgena,<\/p>\n\n\n\n intercultural y pluriling\u00fce, acceso a medios de comunicaci\u00f3n propios, fomento de las lenguas y culturas ind\u00edgenas.<\/p>\n\n\n\n Subray\u00f3 que tambi\u00e9n incluye la protecci\u00f3n de su patrimonio cultural, material e inmaterial y de su propiedad intelectual colectiva, el impulso de la medicina tradicional y la parter\u00eda, la<\/p>\n\n\n\n participaci\u00f3n efectiva de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los \u00e1mbitos de la vida comunitaria, el respeto a la integridad de sus tierras y lugares sagrados.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s del acceso a asignaciones presupuestarias administradas de manera directa por las comunidades, acceso a asesor\u00edas, Int\u00e9rpretes y traductores ind\u00edgenas en todas las instituciones jurisdiccionales, derecho al desarrollo integral y sostenible de sus econom\u00edas, derecho a la consulta libre, previa y culturalmente adecuada.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n el reconocimiento de su capacidad jur\u00eddica para impugnar medidas legislativas o administrativas que vulneren su vida comunitaria o entorno. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 la senadora, el<\/p>\n\n\n\n proyecto reconoce el trabajo comunitario como parte de su organizaci\u00f3n sociocultural, lo cual es una innovaci\u00f3n en la historia de la legislaci\u00f3n ind\u00edgena.<\/p>\n\n\n\n deuda hist\u00f3rica, afirma Ana Lilia Rivera<\/p>\n\n\n\n \uf0b7 Retoma casi la totalidad de los aspectos considerados en los<\/p>\n\n\n\n Acuerdos de San Andr\u00e9s Larr\u00e1inzar, Chiapas, firmado en febrero<\/p>\n\n\n\n