La pugna por el control, tanto político como monetario, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tlaxcala, ha permitido que el ex diputado local, José Luis Ramírez Conde tenga la cualidad de la bilocación, entendida ésta como la presencia simultánea de una persona en dos lugares diferentes.
Así, desde la semana pasada, el apizaquense lo mismo sigue despachando en el edificio de la calle Lira y Ortega número 6 de la capital del estado, en donde se ubica la sede del Comité Directivo Estatal del PRI y allá en el rancho de La Aguanaja en el municipio de Apetatitlán, en donde tiene su sede la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa).
Aunque reza el adagio popular que al que dos amos sirve, con uno queda mal, Ramírez Conde aceptó la responsabilidad dirigir a la dependencia estatal a la que el Ejecutivo le encomienda las funciones de planear, organizar, supervisar, ejecutar, dirigir y controlar las acciones para el fomento y desarrollo agropecuario, que buscan elevar la producción y productividad en el Estado, mediante programas de corto, mediano y largo plazo; pero al parecer, ese cargo lo quiere ejercer sin dejar de cobrar como dirigente del PRI.
Pero lo cierto es que la determinación de Ramírez Conde no es unipersonal y ni confiado en su capacidad administrativa y experiencia como hombre de campo, a pesar de su formación como ingeniero electromecánico. No, su proceder responde a una orden expresa: no dejar llegar a la presidencia del PRI a Blanca Águila Lima.
La orden, atribuible por las huestes del propio tricolor al ahora diputado local Mariano González Aguirre, es retardar lo más que se pueda el arribo de la ex presidenta municipal de Zacatelco a esa posición, pues en caso contrario, el grupo que lidera éste perdería el control en el PRI, ese que lo hizo ser candidato a legislador local, coordinador de la bancada y ahora presidente de la Junta de Coordinación en el Congreso local.
También la medida formaría parte de un cobro de facturas. La cúpula que controla el PRI no quiere dejar pasar la oportunidad de pasar la factura de lo que vio como la insurrección de la secretaría general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntssa) en contra del ahora ex gobernador, Mariano González Zarur, luego de que en el ocaso de su mandato lo exhibiera como incumplido con su gremio.
Por ello, no existe ni la menor intención de cumplir y hacer cumplir los documentos básicos del tricolor. Ramírez Conde, y a quien se debe, analizan diversos artilugios para evitar a cualquier costo dejar el control del PRI, que para ellos, en términos políticos les importa de manera inmediata, sobre todo, cuando en la Sefoa todavía no fluyen programas y los recursos que éstos conllevan
Los estatutos priistas son claros, en su numeral 164, que establecen que la solicitud de licencia temporal al cargo de presidente o secretario General deberá ser acordada por el Comité de nivel superior. En el caso de la Presidencia o la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, su otorgamiento deberá ser acordado por la Comisión de Normatividad y Coordinación Política. Cuando exista una ausencia temporal justificada del Presidente o del Secretario General, el secretario que corresponda, de acuerdo al orden de prelación prescrito en los artículos 84 Bis (en este caso, la secretaria general, posición que ostenta Blanca Águila), 121 y 132 de estos Estatutos, ocupará el cargo. En ausencia definitiva del Presidente, el cargo lo ocupará el Secretario General, quien convocará a elección en un plazo de sesenta días al Consejo Político que corresponda, para que proceda a realizar la elección del Presidente sustituto que deberá concluir el período estatutario correspondiente.
Desde agosto del año 2015, han sido tres presidentes los que ha tenido el PRI. Marco Antonio Mena Rodríguez, hoy gobernador, quien dejó el cargo por la candidatura de la mega coalición a Gabriela del Razo Becerra quien abandonó el barco directivo en pos de una aspiración fallida como legisladora y en su lugar llegó Ramírez Conde, a quien, sus patrocinadores y a quienes se deben, no lo dejan asumir a cabalidad el nuevo puesto que les encontraron como encargado de las políticas públicas estatales –para todos los tlaxcaltecas sin distingo de partido o preferencias electorales- en materia agropecuaria.
Aunque la legislación es laxa y no le impide cobrar en esos dos cargos, uno partidista y otro público, la pugna por el control del PRI hará que la estadía de Ramírez Conde se prolongue en el control del tricolor. La pugna por este espacio puede generar daños sociales.
Al margen.
El poder adquisitivo de los mexicanos en retroceso. Y son cifras reales.
Un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM reveló que a pesar de que en el actual sexenio el salario mínimo ha aumentado un 12.8 por ciento, su poder adquisitivo real disminuyó 11.1 por ciento debido al incremento de los precios de los productos básicos.
El documento, basado en un análisis de la evaluación de los precios que forman la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) para una familia de cuatro personas, expone que éstos subieron un 26.9 por ciento, por lo cual “los incrementos del salario mínimo son en realidad pérdidas del poder adquisitivo. Lo anterior implica que con un salario mínimo sólo se puede comprar el 33.5 por ciento de la Canasta”, dice el documento.
Y lo pero no ha pasado, como dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, “vienen otros desafíos, vienen otros retos, (el gasolinazo) no es el único”. Creo que van por más.
