La ignorancia y la soberbia jamás serán buenas consejeras, y mucho menos cuando éstas inciden en asuntos del pueblo y del gobierno. Y de estos dos defectos tiene a raudales María Benita Inés Bonilla Sosa, quien hasta esta semana cobra como consejera Jurídica del Ejecutivo del Estado y que a su paso por la dependencia no perdió oportunidad de exhibir, derrochar y hasta –pareciera- auspiciar derrotas y entuertos legales de los que fue presa su ex jefe, Mariano González Zarur.
El caso más reciente, y que ahora le hereda al nuevo gobierno, por aquello de la continuidad anhelada por autonombrado el último de los mohicanos, es la restitución –por mandato judicial- de las patentes de notarios que deben dar a los sobrinos, amigos, compadres, empleados del ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz.
Pero de esas condiciones, su ex patrón tiene mucho de responsable; pese a los dolores de cabeza que la funcionaria le propició, cedió a la endulzada de oído que siempre le dio. Timorata y sumisa, Benita siempre contestaba a la pregunta que éste le hacía para saber hora del día: la hora que usted diga señor gobernador, era la respuesta.
No fueron asuntos menores, algunos de los cuales, pusieron en predicamento la legalidad del proceder del Ejecutivo local.
Por ejemplo, es de recordar que Benita se encargó de asesorar al mandatario para que violara el mandato constitucional de presentar el último informe de su gobierno en el mes de agosto como lo establece la Constitución Política.
Incluso, para ello, usó argumentos risibles y hasta idiotas que cualquier pasante del primer semestre de derecho los hubiera refutado ante cualquier autoridad jurisdiccional. Benita adiestró a su patrón –al final de cuentas contador de profesión- para usar como discurso en su defensa que el nuevo periodo de presentación del informe obedeció a una reforma Constitucional que a él no aplicaba cuando un principio de derecho es el carácter general de las normas.
Como lo dimos a conocer en este mismo espacio el 30 de noviembre, González Zarur debió presentar su informe durante los primeros 15 días del mes de agosto pasado, así lo establece la Constitución Política local en dos de sus numerales, tanto en el 44 como en el 70.
Antes, la sesuda Benita le aseguró a diestra y siniestra a su patrón de que no cometía irregularidad alguna al celebrar, durante el proceso electoral, un acto masivo para la entrega de beneficios sociales.
Por ese hecho, la funcionaria puso a su jefe en diversos problemas legales de los cuales, las autoridades jurisdiccionales locales y federales, advirtieron, aunque serviles, tampoco hicieron nada.
Pero el colmo de los yerros de la hasta esta semana servidora pública es su actitud pasiva y torpe que le llevó al gobierno del estado a perder, a finales del año pasado, en periodo de posadas, un litigio que llevaba más de cuatro años y que sostuvo por la indebida asignación de 16 patentes de notarios a la parentela e incondicionales del ex gobernador y hoy diputado local, Héctor Ortiz.
Benita, metida a desconsejera jurídica, dejó perder el litigio y por ello, el juez primero de distrito, Ignacio Manuel Cal y Mayor ordenó la restitución de las 16 patentes de notarios y emplazó al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, para que en un término de tres días, entregue a dichos fedatarios “los elementos materiales inherentes al ejercicio de su función”.
Con el proceder omiso, diligente y torpe de Benita, benefició a Marcela Flores y Flores, hija del notario Gonzalo Flores Montiel, de Apizaco, y ex presidente del extinto Instituto Electoral de Tlaxcala; Francisco Velásquez Nava, vástago del ex diputado federal panista y ex secretario de Salud con Héctor Ortiz, Julián Velásquez Llorente. Alejandro Moreno Morales, hijo del finado notario de Zacatelco, Toribio Moreno; Rubén Flores Leal, ex coordinador de asesores del Poder Ejecutivo y ex líder estatal del extinto partido Convergencia.
También están Osvaldo Ramírez Ortiz, sobrino del ex mandatario Héctor Ortiz, además de su ex secretario de Gobierno, Raúl Cuevas Sánchez; el cuñado del ex mandatario, Eduardo Lozano Tovar; Liliana Eloísa García Barba, hija del ex diputado federal y local del PRI, Javier García González; Carlos Eric Ixtlapale Carmona, descendiente del notario de Huamantla, Carlos Ixtlapale y Cesáreo Santamaría Madrid, ex consejero electoral y actual funcionario de la UAT.
Además, Raquel Beatriz García Lozano, hija del dueño del periódico ABC Noticias, a Verónica Sánchez Veana, Selene Cabrera García, Miguel Tízatl Santos –pariente del ex edil de Zacatelco y ex diputado, Fulgencio Torres Tízatl-, José Germán Alberto Escobar y Arrona y Aldo Calva Reyes, hijo del ex diputado priista y ex líder de la CNC, Aristeo Calva Lira, a quienes Benita regresó a su función notarial.
Pese a ello, Benita es de la lista de más de 30 funcionarios estatales que soñaban con ser ratificados en el cargo por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez. Vergüenza debería tener y renunciar cuando antes, aunque de nada ayudaría con eso, porque su salida se oficializaría, sino pasa otra cosa, esta misma semana.
