Cuántas muertes más tendrán que ocurrir en Tlaxcala por el uso, manejo y almacenamiento de materiales pirotécnicos y también de hidrocarburos, para que la ciudadanía y las autoridades hagan conciencia respecto al grave peligro que genera la omisión en la que cada uno de nosotros y todos juntos, incurrimos.
Ayer Tlaxcala se volvió a teñir de negro ante la muerte de dos personas que perecieron calcinadas por la explosión de una bodega clandestina de pirotecnia. Y por la tarde, una vivienda más fue consumida por el fuego provocado por cientos de litros de combustible que ilegalmente era almacenado en lo que era una morada en San Pablo del Monte. Ahí, reportes preliminares, dan cuenta de al menos una menor con quemaduras graves.
No son hechos aislados. Hace escasos seis días, San Cosme Xaloztoc vivió dos hechos de este tipo. El 3 de febrero, una camioneta cargada –de manera ilegal- con contenedores de combustible ardió en llamas y ese mismo día, pero con diferencia de menos de dos horas, un cuarto en donde almacenaban pirotecnia voló, literalmente, ante la explosión de piezas hechas de pólvora.
La víspera, también, las autoridades estatales dieron cuenta de la detención de una persona que de manera ilegal e impropia, trasladaba al menos 600 litros de gasolina que eran trasegados por zonas urbanas y evidentemente pobladas del municipio de Zacatelco.
De todo esto, somos corresponsables, de mayor o menor manera, pero todos tenemos responsabilidad. Quienes compran la pirotecnia para “esparcimiento”, quienes conocen de la existencia de venta clandestina de eso productos y no denunciamos, los que operan de forma ilegal esos talleres, los propietarios y auspiciadores de éstos y desde luego, las autoridades de los tres niveles de gobierno que incumplen con sus obligaciones.
De acuerdo con la Ley Federal de armas de fuego y explosivos, es facultad exclusiva del presidente de la República autorizar el establecimiento de fábricas y comercios de armas. El control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los permisos específicos que se requieran en estas actividades serán otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional con conocimiento de la Secretaría de Gobernación y sin perjuicio de las atribuciones que competan a otras autoridades. Las dependencias oficiales y los organismos públicos federales que realicen estas actividades, se sujetarán a las disposiciones legales que las regulen.
Es decir, que la Federación es la única entidad encargada de otorgar permisos –previo pago a costo actual de mil 944 pesos- para la existencia de talleres y la comercialización de explosivos, incluida la pirotecnia.
Quienes pretendan contar con este permiso deben cumplir con varias obligaciones, como presentar original de la conformidad respecto a seguridad y ubicación del “polvorín de materia prima, polvorín de producto terminado y taller de elaboración, expedida por la presidencia municipal indicando que el lugar elegido para sus actividades reúne los requisitos de seguridad”. Es decir, que los alcaldes tienen injerencia en esto.
Además, los empresarios o artesanos del ramo, como gusta que llamen a las personas dedicadas a esta actividad, también deberán presentar original o copia certificada ante notario público del dictamen técnico de protección civil y de la opinión favorable del Gobernador del Estado donde realizará sus actividades. Ello demuestra que hay corresponsabilidad del Ejecutivo estatal.
Con ello, es claro que todos somos corresponsables de la existencia de esta actividad, de tolerar, auspiciar y solapar esos riesgos, los cuales se han incrementado con el delito de robo y venta de hidrocarburos. No se vale repartir culpas, es tiempo de ponernos todos a trabajar en el cumplimiento de nuestra responsabilidad. No más muertes, no más lesionados, no más gente inocente con graves secuelas por estas dos actividades.
Al margen:
Deplorable la actitud de vivales que buscan obtener ganancias políticas de esta desgracia. Ayer la senadora y el diputado panista, Adriana Dávila Fernández y Juan Corral, respectivamente, mandaron sendos comunicados en los cuales, además de “solidarizarse” con las víctimas de la explosión de Ixtacuixtla, trataron de jalar cámaras al exigir a las autoridades locales investigar los hechos. De solidaridad no vive la gente, a trabajar al lado de ellos mis panistas.
