No tienen llenadera. Así de bote pronto es lo que parece la exigencia de los integrantes del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) que pidieron al Ejecutivo estatal y a los diputados, una ampliación presupuestal de 34 millones 299 mil 862 pesos para cerrar el incipiente 2017.
Los consejeros electorales, que ahora gozan de una especie de beca, tras los comicios de 2016, los cuales no fueron del todo pulcros y si no hay que checar los fallos de la justicia local y federal que una vez y otra también les corrigieron la plana, mendigan más recursos y usan como bandera la defensa de la autonomía del organismo.
Los consejeros aducen que los poco más de 13 millones de pesos con los que contarán para el ejercicio fiscal en curso son insuficientes para cumplir con responsabilidades que les establece tanto la Constitución Política local como las leyes secundarias en materia comicial.
Además, advierten, casi como amenaza, que en caso de no darles el dinero que requieren de ampliación presupuestal atentarían contra la autonomía del ITE, ya que la falta de recursos implica un obstáculo para el cumplimiento de los fines del instituto y de nuestras atribuciones como consejeros electorales, aunado a que atenta contra la autonomía con la que debe contar este órgano electoral por tanto debe considerarse el resarcimiento de esa situación.
Sí que apantallan los consejeros con su perorata de la defensa de sus intereses, que no es de la autonomía presupuestal, pues ésta no se concibe como el salvoconducto de los funcionarios para gastarse el recurso público en saciar sus aspiraciones.
En su discurso, hecho petición, los consejeros no dicen nada de los exagerados sueldos que se aprobaron para este año y que superan –en contravención a la Constitución local-, a los otorgados a magistrados del Poder Judicial, que según sus propios datos, son de 45 mil pesos mensuales.
Los salarios de consejeros, presidenta y secretario general del ITE cuestan al erario la suma de 1 millón 889 mil 71 pesos mensuales, así al menos lo demuestra el anexo 44 del decreto 301 aprobado por los diputados de la 61 Legislatura. Es decir, de cumplirse con esos tabuladores que están publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, esos siete funcionarios electorales le costarían al erario 22 millones 668 mil 852 pesos.
Con esas asignaciones, la presidente Elizabeth Martínez Piedras tendría un ingreso mensual de 299 mil 522 pesos, por 83 mil 271 de salario, más mil 938 pesos por despensa y 214 mil 313 pesos de aguinaldo y prima vacacional, y si bien esas prestaciones son pagadas de manera anual, están registradas como un gasto mensual.
De igual forma, ese registro refiere que cada uno de los consejeros electorales percibe 240 mil 567 pesos y el Secretario Ejecutivo obtiene una remuneración de 146 mil 147 pesos cada 30 días.
Desde luego que esas cifras no son utilizadas por los consejeros en su lucha y defensa de la ampliación de presupuesto, pues ellos ya están en el tren del litigio ante cualquier eventual negativa de petición de más dinero.
Y qué pasa con la organización de las elecciones extraordinarias de siete presidencias de comunidad. Nada, eso no importa, o puede esperar, lo que no ocurre con el dinero que se tiene y debe gastar. Lo dicho, no tienen llenadera.
