En el ejercicio de la función pública no hay peor discurso que un mal ejemplo. Eso es común la mayoría de nuestra deteriorada clase política. El 1 de marzo venció el plazo que tenían los nuevos funcionarios del gobierno del estado, los ayuntamientos y el IAIP para presentar su declaración patrimonial y en el caso de los primeros, para hacer pública su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, conocida como 3de3.
En el caso de los diputados, el plazo venció el 28 de febrero y hasta este miércoles nada se conocía ni de unas ni de otras declaraciones, salvo en el caso de los legisladores, la hecha en campaña por el ahora diputado del PRI, Mariano González Aguirre.
Pero en el caso del Ejecutivo, la promesa hecha discurso del mandatario Marco Antonio Mena Rodríguez no se ve que se vaya a cumplir.
En campaña prometió que todos los hombres y mujeres que lo acompañaran en su quehacer gubernamental estarían obligados a presentar su 3de3, pero ya pasaron 60 días y creo que éstas están encerradas en una caja de cristal, pero con cortinas de acero.
En su toma de protesta, el Ejecutivo local aseveró, en primera persona, que “mi vocación académica y política me obligará a rendir cuentas de un gobierno en el que su verdad se respalde en los hechos.
Además, aseguró que “como guía de conducta será clave la mancuerna eficacia – honestidad. La eficacia, por sí sola, sin honestidad, es tecnocracia cínica. La honestidad sin eficacia, es ingenuidad estéril.
Por ello reitero, que en el ejercicio de la función pública no hay peor discurso que un mal ejemplo.
Dónde están esas declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscal. Yo no las conozco y ustedes amables lectores, sobre todo, ante el compromiso y el discurso gubernamental, y en esta nueva era del gobierno abierto.
Bueno sería, por lo menos, conocer cuántos alcaldes, síndicos, regidores, presidentes de comunidades, directores, tesoreros cumplieron con su declaración de situación patrimonial. Cuántos de los impolutos legisladores, esos que se encargan de ver la viga en el ojo ajeno, hicieron lo propio.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en su numeral 77 establece todos aquellos funcionarios que deben cumplir con esa obligación; sino la conocen, habrían de leerla; aunque la ignorancia no los exime del cumplimiento de la misma.
En el apartado siguiente de la norma, también fija que dicha declaración deberá realizarse dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión del servidor público, plazo que ya se cumplió.
Esperemos que esa máxima de que no hay peor discurso que un mal ejemplo cambie muy pronto y este jueves conozcamos las entrañas de los bienes de los hombres del gobierno.
Vaya paquete que tiene la Contraloría del Ejecutivo, a ver si cumple y procede en contra de los omisos.
