Como piñatas, palo tras palo jurídico es como les está yendo a los consejeros del Instituto Electoral de Tlaxcala (ITE), quienes como aquella canción de la cantautora huamantleca y ex gobernadora, Beatriz Paredes Rangel, en su loco afán, han tratado por todas las vías tener mayores recursos para sus fines personales.
Por unanimidad de votos, los magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito desecharon la demanda de amparo que promovieron la presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez y los consejeros Denisse Hernández Blas, Yareli Álvarez Meza y Norberto Sánchez Briones, a través del cual pretendieron evadir su responsabilidad de pagar 171 mil 892 pesos que de manera ilegal le recortaron como salario a la Contralora del organismo, María Guadalupe Zamora Rodríguez.
Los magistrados Othón Manuel Ríos Flores, Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez y Octavio Chávez López, éste último ponente del expediente, juzgaron que los argumentos esgrimidos por los consejeros electorales para evadir su responsabilidad eran inoperantes, de ahí que decidieron desechar la demanda de amparo.
Como se recordará, la medida de reducir el salario de la Contralora ha generado una serie de desencuentros, pues Guadalupe Zamora ha develado el desorden financiero y los abusos cometidos por los consejeros, como el sobregiro de partidas y hasta la adquisición de bienes con precios superiores a los existentes en el mercado.
Zamora Rodríguez también denunció ante el Congreso local que los consejeros del organismo electoral incumplen con diversas disposiciones legales al asignarse salarios superiores a los que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala.
Puso al descubierto que en 2016, los consejeros y la presidente del ITE se otorgaron incrementos salariales de hasta 62 por ciento con respecto al año anterior, pues Piedras Martínez tuvo un salario bruto mensual de 85 mil 209 pesos, el resto de los integrantes del pleno del Consejo General recibieron de 68 mil 712.
A decir de la funcionaria, ello viola la disposición electoral que los obliga a tener una retribución que no supere a la prevista “para los magistrados que integran sala y secretario general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Pero además de este palo jurídico –revés- la piñata llamada ITE sufrirá otros fallos en contra, ya que los tres juicios que interpuso el ITE en contra del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y de dos funcionarios estatales, por la falta de una respuesta a su solicitud de ampliación presupuestal por 34 millones 299 mil 862 pesos este año, serán sobreseídos.
Los juicios registrados con los claves SUP–JE–23/2017, SUP–JE–24/2017 y SUP–JE–25/2017, los cuales serán analizados por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, serán desechados porque ya no hay materia en la queja de la presidenta.
Con ello, queda en evidencia que el organismo, que tiene como uno de sus principios fundamentales la legalidad, carece de un verdadero equipo que sustente jurídicamente los caprichos y ocurrencias de los consejeros.
Al margen:
Bajo las condiciones en las que opera el ITE y los constantes yerros y pifias, solo nos queda rezar o implorar a alguna deidad, para que el proceso electoral extraordinario para elegir a siete presidentes de comunidad, y que han decidido atraer los consejeros, no se les salga de control y veamos aún más las deficiencias del organismo.
