Es tiempo de cumplir y hacer cumplir la ley, por eso nuestros diputados deberán no tocarse el corazón ni político ni de interés financiero para proceder en contra de los alrededor de 25 ayuntamientos que incumplieron con la entrega de sus cuentas públicas del primer trimestre del año.
El pasado 30 de abril concluyó el plazo que tuvieron las autoridades municipales para entregar la comprobación del gasto efectuado en los meses de enero, febrero y marzo de su primer año mandato constitucional y en los hechos, solo 32 Comunas lo hicieron en tiempo y forma, aunque hay otras “dos o tres” que dejaron sus estados financieros “bajo resguardo” del Legislativo, en virtud de que no pudieron entregarlas por falta de documentación.
De conformidad con la Ley Municipal, los omisos deberían de estar en la antesala de un proceso de suspensión por la no entrega de sus estados financieros. El artículo 28 del citado ordenamiento establece que procederá la suspensión de algún Ayuntamiento en los casos siguientes: Si el Ayuntamiento dejó de cumplir sus funciones de manera temporal por cualquiera de las causas mencionadas en la fracción I del artículo anterior; Si reiteradamente desacató la ley; y si el Ayuntamiento deja de rendir la cuenta pública y los informes financieros de su gestión, sin causa justificada, por más de un trimestre.
Al cierre del periodo de 30 días posteriores al trimes, solo 32 municipios habían cumplido a cabalidad con esa obligación, como son los casos de Santa Cruz Quilehtla, Zacatelco, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, San Damián Texóloc, Tzompantepec, Benito Juárez, San José Teacalco, Nativítas, Santa Catarina Ayometla, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Nanacamilpa de Mariano Arista, Panotla, San Lorenzo Axocomanitla, San Lucas Tecopilco, Santa Cruz Tlaxcala, Tepetitla de Lardizábal, Xicohtzinco, Yauhquemehcan, Tetlanohcan y Tlaxcala, todos ellos lo hicieron con antelación al día de vencimiento.
Mientras que el último día, es decir el pasado domingo, lo hicieron Altlzayanca, Teolocholco, Ixtenco, Tocatlán, Lázaro Cárdenas Emiliano Zapata, Huamantla, Cuaxomulco, Ixtacuixtla, Papalotla Tetlatlahuca y Xaltocan.
En tanto que las Comunas de Apetatitlán de Antonio Carvajal y Totolac, ambas encabezadas por ediles emanados del PRD, entre otras dos, habrían cumplido con presentarlas, pero éstas no fueron recibidas porque adolecían de algunos de los requisitos, mismos que deberán subsanar a la brevedad.
Llama la atención que existan autoridades municipales, como Tepeyanco, que arrastra diversos problemas por la denuncia de abuso y malversación de fondos que ya existe en contra del edil, Vladimir Zainos, que no hayan cumplido con esa obligación, porque tuvieron 30 días para armar la comprobación de sus gastos.
Lo mismo ocurre con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que de acuerdo con información en nuestro poder, tampoco habría entregado sus estados financieros.
Todos los omisos ya tienen una sanción administrativa, pero cuando hay recursos para cubrir esa falta y más si son ajenos, no genera ninguna afectación la medida, por ello creemos necesario e impostergable que los diputados cumplan y hagan cumplir las leyes, y procedan en contra de las autoridades que incumplen con sus obligaciones.
La sociedad está harta de los abusos y excesos de las autoridades, por ello, nuestros congresistas tienen ante sí la oportunidad de demostrar que son verdaderos representantes populares que no se prestan a ningún tipo de negociación a cambio de vulnerar la ley. De no ser así, nuevamente el proceso de fiscalización y revisión de cuentas públicas será el mismo cuento de todas las legislaturas: un mal chiste que engorda las carteras de unos y de otros.
