La esperanza muere al último y es esa misma fe la que me hace añorar que la realidad en la función pública puede cambiar y son los diputados locales los que tienen ahora mismo la oportunidad de hacer que esos engranajes del sistema cambien.
Y no se requiere que hagan milagros para que eso ocurra; sólo deben cumplir y hacer cumplir las diversas normatividades que existen en Tlaxcala, sobre todo, en lo que tiene que ver con el cumplimiento en el proceso de fiscalización de los recursos públicos que ejercen por cientos de millones de pesos por los ayuntamientos.
De acuerdo con el decreto de presupuesto para el presente ejercicio fiscal, las transferencias de participaciones a municipios serán por un total de mil 704 millones 286 mil 160 pesos, incluyen ingresos propios por 32 millones 233 mil 60 y Participaciones de la Federación por un importe de mil 672 millones 53 mil 100 pesos cuya distribución realizará la Secretaría de Planeación y Finanzas conforme a lo establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios en las cuentas bancarias específicas de cada Municipio.
Por eso es importante que los gobernados conozcan cuánto, en qué y cómo se gastan los recursos que les corresponden los municipios, de ahí que la grave falta de los ayuntamientos que no entregaron sus cuentas públicas del primer trimestre del presente año.
Todos, legisladores y líderes de partidos estarán de acuerdo en que la ley debería aplicarse para las autoridades omisas, sin distingo de colores e ideologías.
De acuerdo con información de nuestra compañera Lucía Pérez, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Carreón Mejía, advirtió que el instituto político no intercederá por ningún alcalde de extracción panista que haya incumplido con la entrega en tiempo y forma de la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del año 2017, y que tendrán que enfrentar las sanciones que están previstas en la ley.
“No intercederemos por ellos (por los alcaldes incumplidos), lo que hemos estado peleando es el tema de transparencia, vamos a predicar con el ejemplo no vamos a meter las manos por ningún panista, si los vamos a presionar para que cumplan que eso es lo principal y evitar temas políticos que se presten a malas interpretaciones”, agregó el líder partidista.
Esperemos que lo cumpla, pues ya una de sus legisladoras, como lo es Guadalupe Sánchez Santiago, ya trató de mover tierra u cielo para que la Comisión de Finanzas y Fiscalización, de la cual forma parte, torciera la ley a fin de que sus correligionarios y ex alcaldes, como los de Zacatelco y Calpulalpan, Francisco Román y Vicente Hernández, respectivamente, entregaran fuera de plazos y procesos legales, sus estados financieros del cierre de sus respectivas administraciones.
A esas voces de cero tolerancias se ha sumado el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Jesús Portillo Herrera, quien de acuerdo con el reporte de nuestra misma compañera, se pronunció porque sean aplicadas las sanciones que están establecidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y Sus Municipios para los entes omisos. Es decir, multas de hasta 300 salarios, a alcaldes, tesoreros y síndicos omisos.
Es más, el también integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización en el Congreso del Estado, expuso que independientemente de que la Ley brinda un plazo de cinco días para presentar la cuenta pública después del plazo de los 30 días posteriores al periodo al que se trate, eso no los exime de la responsabilidad en la que incurrieron, por lo que deberán ser sancionados.
En ello se basa mi fe y esperanza, en que las autoridades cumplan y hagan cumplir con la normatividad, de lo contrario, el caos de cuatro años y ocho meses, periodo de mandato de los alcaldes, ha comenzado a todo vapor.
Al margen:
Por fin se hizo efectiva la promesa de campaña que hizo en su momento el hoy gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, de hacer pública la declaración patrimonial, fiscal y de no intereses, de su gabinete. Ayer se difundió esos datos de 19 integrantes del gabinete.
La información –más allá de sus matices, dudas y demás suspicacias- se hizo pública casi en la fecha límite, ya que este día vence el plazo para que más de ocho mil sujetos obligados en todo el país incorporen a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información que, por disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, están obligados a difundir.
Esperemos que ayuntamientos, poderes y organismos autónomos hagan lo propio.
