Contrario a las expectativas de propios y extraños, en los que me incluyo, Tlaxcala sobresale a nivel nacional respecto al cumplimiento de la publicación de información de oficio conforme a la Ley General de Transparencia.
Los dos entes revisados de nuestra entidad, de una muestra de 107 que hicieron a nivel nacional, es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP) el mejor evaluado con 10 de calificación –que lo ubica entre los únicos seis órganos garantes del país con ese resultado- y el Poder Ejecutivo local -solo fue la oficina del gobernador- obtuvo un resultado de 9, que lo sitúa en primer lugar de entre las 32 entidades federativas.
De acuerdo con el estudio denominado revisión ciudadana del inicio en el cumplimiento de la publicación de información de oficio conforme a la Ley General de Transparencia, que efectuaron las agrupaciones Iniciativas Humanas y Sociales A.C. y la Red por la Transparencia Activa, dan cuenta de estos resultados, luego de que el pasado 4 de mayo de 2017 fue la fecha límite para que los sujetos obligados a exhibir información pública lo hicieran, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia, como en sus sitios web institucionales.
De acuerdo con la metodología de esta revisión, dichas agrupaciones inspeccionaron, entre el 6 y el 8 de mayo, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y los sitios web institucionales de los sujetos obligados de una muestra de todo el país, con la intención de verificar su grado de cumplimiento inicial con esta nueva obligación.
Fueron 107 sujetos obligados revisados, pero incluyeron los tres órdenes de gobierno, entre ellos los poderes Ejecutivo de las 32 entidades –ni el Legislativo ni el Judicial fueron tomados en cuenta en este estudio, así que no se cuelguen medallas que no han sido ni evaluadas- y los 32 órganos garantes.
De dicho estudios, que estuvo a cargo del maestro y especialista, Pedro Carta Terrón, solo revisaron ocho obligaciones, 17 por ciento del total a cumplir, como son metas y objetivos de la institución; remuneraciones del personal; gastos en viáticos; Currículum Vitae de todo su personal con nivel de mando; presupuesto asignado a la institución; compras hechas por licitación o de forma directa; padrón de proveedores y el inventario de sus bienes muebles e inmuebles.
De ese ejercicio, el IAIP logró 10 de calificación, ya que en su sitio web de transparencia presenta la estructura de la Ley General o su Ley local armonizada; publica en su sitio web en el formato oficial en Excel; publica en la Plataforma Nacional de Transparencia web y establece un espacio en su sitio web para ligar y/o apoyar a sus municipios, especialmente a los de menos de 70 mil habitantes.
Es de destacar, que órganos garantes como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o bien, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) fueron reprobados, el primero con 5 y el segundo con 4 de calificación.
Y en el caso del Ejecutivo, que solo “se revisó al Sujeto Obligado Oficina del Gobernador o su equivalente” y no todas sus secretarías y dependencias, logró posicionarse en el primer lugar a nivel nacional, con 9 de calificación, pues solo falló en un punto por alguna deficiencia en su sitio web. Y se ubica muy por encima de las entidades colindantes como Puebla, que tuvo 7 de calificación, Hidalgo con 6 y estado de México que tuvo, cero.
Si bien, las primeras evaluaciones –por cierto muy superficiales, solo 17 por ciento del total- ponen a Tlaxcala en un sitio puntero a nivel nacional. Si bien solo dos de los 144 entes obligados de Tlaxcala fueron revisados, esperemos que este ejemplo lo repliquen los restantes y mantengan ese cumplimiento de la legalidad que en esta primera etapa, en la que insisto, los resultados son muy buenos.
Al margen:
La mayoría de los partidos políticos con registro nacional son un verdadero fiasco en materia de transparencia y de cumplimiento de la legalidad. Sus expresiones a favor de estos dos principios son retórica pueril y demagogia electorera, porque los hechos los delatan.
De los 9 partidos evaluados en este estudio, el PT ocupa el último lugar con cero de calificación; le sigue ese instituto que presume ser el de la legalidad como lo es el PRI con solo 2 puntos; el del salvador de México como Morena tuvo 2.5; el PRD 4.5; PAN con 5.5; mientras de panzazo pasaron PVEM, MC y PES con 6 y Nueva Alianza es el mejor posicionado con 9 de evaluación. Los partidos demuestran que son buenos para gastar sus prerrogativas pero muy malos para transparentar esos gastos que pueden hacer gracias a nuestros impuestos.
