Las personas con discapacidad auditiva y del habla, ven vulnerados sus derechos en cuanto al acceso a la justicia y a la atención médica integral, debido a que en Tlaxcala no hay intérpretes de lengua de señas mexicano que los puedan asistir, así lo denunció la presidenta del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD), María del Carmen Mazarrasa Corona.
Lo anterior lo dio a conocer durante el primer foro “De la Familia” que se llevó a cabo este día en el Patio Vitral del Congreso del Estado, en el que participó con el tema ‘Familia, Discapacidad y Derechos Humanos’, ahí denunció que en Tlaxcala no se cuenta con intérpretes de lenguaje de señas mexicano en los hospitales del sector salud tampoco en la atención para la procuración y acceso a la justicia, como tampoco hay programas de gobierno realizados con perspectiva de discapacidad como si lo hay con perspectiva de género.
Con lo anterior, se hace difícil y se vulnera el derecho de las personas con discapacidad al acceso a la justicia ya sea como víctimas o como victimarios, en ese sentido la presidenta del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad comentó que han atendido alrededor de tres casos de sordos y mudos que requieren del apoyo de intérpretes para mediar ante una autoridad su situación jurídica o penal.
“No contamos con intérpretes de lenguaje de señas mexicano en los hospitales de salud pública, y no contamos con intérpretes en la atención para la justicia, cómo podemos defender a una personas que no escucha si no tenemos cómo entenderle, y la ley lo marca pero debemos estar pendientes de que en estos espacios tengan sino diario por lo menos a la mano a una persona para atender a las personas que lleguen con discapacidad auditiva que puede ser la víctima o el victimario para poder atenderlos”, expuso.
Para ello, se hace necesario que tanto la Secretaría de Salud (SESA), el Tribunal de Justicia del Estado (TSJE), y la Procuraduría General de Justicia (PGJE), inviertan recursos para capacitar a su personal en el manejo del lenguaje de señas mexicano para garantizar el acceso a los servicios que brindan.
Consideró que de no ser así se corre el riesgo de que las personas con discapacidad auditiva y del habla no accedan a la justicia, y tampoco a una atención integral en salud.
“Si perjudica esta situación aunque tratamos de atenderlo nosotros, si perjudica en el proceso porque puede hacerse más lento, creo que el sistema de la justicia deben estar conscientes de que es necesario contar con intérpretes y si no pueden contratar a un profesional pueden aprender y nosotros facilitamos la capacitación para que estas personas con discapacidad auditiva accedan a la justicia”, concluyó.
