Podrán decir misa, pero la verdad es que hay más pendientes que logros al cierre de este el primer período de sesiones del mandato constitucional de los integrantes de la LXII Legislatura local, en el que priorizaron lo político a lo legal.
Las tres funciones de los diputados quedaron en segundo término en estos primeros cuatro meses y medio de su labor. Ni fiscalizaron, ni hicieron leyes y quizá, en lo único que si se empeñaron fue a la gestión social, aunque sin transparentar ésta.
Los legisladores se comprometieron desahogar 112 temas o puntos, algunos convergentes entre ellos; pero al cierre del período podría asegurarles que no llegaron ni a la mitad de temas presentados y la cifra es mucho menor, cuando analizamos los asuntos aprobados.
Pero la situación es diametralmente opuesta cuando se trató de repartir espacios, de asignarse comisiones, de distribuirse las secretarías y direcciones de los órganos administrativos y técnicos del Congreso local.
Por ejemplo, llegaron a los acuerdos políticos para la distribución y aceptación, sin problema, de las tres presidencias más importantes. La mesa directiva para el PRD, que recayó en el perredista Nahúm Atonal Ortiz. El Comité de Administración para el neopanista, Juan Carlos Sánchez García y la de la Junta de Coordinación y Concertación Política para el PRI para Mariano González Aguirre.
Pero también ocurre la misma fórmula con las comisiones ordinarias. Por unanimidad se distribuyen las presidencias y las vocalías de las mismas. Siete presidencias para el PRI, cinco para el PRD, tres para el PAN, dos para PT, Panal, PS y PVEM; y una para Morena. Hasta el único partido que no recibió una sola presidencia quedó conforme, el PAC, porque al parecer el ex gobernador Héctor Ortiz, trae su propio dinámica y desde luego interés.
Lo mismo ocurre con las direcciones. Había cinco rebanadas de pastel y se repartieron por prelación, aunque alguna se compartió entre dos fuerzas. La Secretaría Administrativa la mantuvo el PRI en la ex funcionaria estatal, Lilian Rivera, mientras que el PRD quiso y se hizo de la Secretaría Parlamentaria para el PRD para Federico Zárate y el PAN mantuvo la dirección Jurídica y repitió en el cargo al abogado Rigoberto Lucas.
Mientras que Nueva Alianza pidió y le dieron la dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas para Cynthia Fernández, ex vocera de más de una campaña del ex gobernador Mariano González Zarur y el Instituto de Estudios Legislativos lo siguió operando el PS y nombró en esa posición Raúl Pluma, incondicional de Rosalía Peredo.
Los acuerdos políticos también alcanzaron lo monetario. Hubo consensos para repartirse el parné. Nadie se opuso, ni los beligerantes de izquierda que pedían en esa época la reducción del precio de la gasolina, al incremento en 30 por ciento de la partida que se asignan para gestión social. 19.5 millones de pesos al año se gastarán los legisladores en atender las demandas de apoyos de la ciudadanía, es decir, 65 mil pesos mensuales por angelito con curul.
Tampoco se rasgaron las vestiduras cuando decidieron gastar más de un millón de pesos para renovar el parque vehicular asignado a los tres presidentes de los órganos de dirección del Legislativo.
Con todo lo anterior queda demostrado que en el primer período de sesiones imperaron los acuerdos políticos en torno a todo, menos a legislar y fiscalizar, porque los resultados, sobre todo en lo primero, son pírricos en perjuicio de Tlaxcala.
